La Fundación “Zile”  deploró ayer “la reticencia de parte de las autoridades  del país” a ofrecer una mayor protección legal a los 88 trabajadores haitianos que reclaman el pago de prestaciones laborales frente al Ministerio de Trabajo.

Edwin Paraison, presidente de la entidad que ha estado  promoviendo un diálogo entre las partes en conflictos, dijo que ha estado en contacto con las autoridades de Trabajo y de Migración, sin que hasta el momento se haya podido concretar nada.

“Había una alternativa de alojar a esos trabajadores en Piedra Blanca de Haina, pero la fundación planteó darle una garantía por escrito a ellos y a sus familiares de que no serían repatriados a su país mientras dure el proceso legal que hay entablado contra el dueño de la empresa coquera”, reveló Paraison.

Agregó que no obstante Migración no actuar contra el grupo de indocumentados porque reconoce que hay un litigio legal, se rehusa a darles un documento de garantías por escrito.

Paraison consideró “muy positivo” el que las  autoridades pusieron una patrulla policial permanente para evitar que desaprensivos tuvieran alguna acción en contra del grupo de haitianos, pero lamentó la reticencia a una mayor protección legal a esos ciudadanos que, afirmó, quieren regresar a su país tan pronto culmine el proceso.