RÍO DE JANEIRO.-Brasil se hallaba ayer en pleno marasmo político y más dividido que nunca, con la presidenta Dilma Rousseff amenazada por un juicio de destitución y su predecesor Luiz Inacio Lula da Silva investigado por la justicia ordinaria por corrupción.

El Partido de los Trabajadores (PT, izquierda) y las organizaciones sindicales consiguieron el viernes sacar a unas 270,000 personas a las calles en todo el país (1.2 millones según los organizadores) para denunciar las tentativas de «golpe» contra Rousseff. El propio Lula, designado ministro jefe de gabinete el miércoles por la presidenta, arengó a la multitud en Sao Paulo con la pasión de sus años de sindicalista enfrentado al régimen militar (1964-85). La movilización fue de menor envergadura que la realizada el domingo pasado por la oposición, con tres millones de personas exigiendo la renuncia de Rousseff, pero cumplió con los objetivos del gobierno, según analistas.

«Hasta ahora, como las demás tentativas de sacar gente a la calle contra el impeachment habían fracasado, se creía que los brasileños lo apoyaban o tenían una posición neutral», dijo Luis Felipe Miguel, profesor de ciencias políticas.