La Cámara de Diputados investiga la denuncia de incumplimiento del contrato para el diseño, construcción y ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales y tuberías cloacales en la ciudad de Santiago, adjudicado a una empresa brasileña en el 2011.

El Estado no le erogó los fondos, de unos 216 millones de dólares. La denuncia la hizo el diputado perremeísta por Santiago, Nelson Marmolejos, al indicar que la obra que beneficiaría básicamente a la comunidad de Licey al Medio, se encuentra paralizada.

Ayer, la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados citó a director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan), Andrés Burgo, a explicar el caso.

El presidente de la Comisión, diputado Nidio Encarnación, precisó que el contrato fue aprobado en el Congreso Nacional, pero no se ejecutó por no tener financiamiento asignado. “En 2016, Coraasan desembolsó 30 millones”.

Cuatro puntos sobre la Ley de Extinción de Dominio

Por otro lado, la senadora por el Distrito Nacional, Faride Raful, el tema de la Ley de Extinción de Domino, y explicó cuatro puntos claves que se estudian de dicha pieza legislativa.

Al explicar los cuatro puntos, mencionó deben conocer: ¿Cuál será la jurisdicción que lo va a conocer? ¿Van a haber jueces especiales? Estudian también la buena fe, o sea: ¿Qué pasa con el adquiriente de un bien ilícito? Y por último, saber si esta ley tendrá retrospectividad a 20 años.

Las declaraciones de Raful las dio al participar en el programa matutino El Día, que se transmite por Telesistema, canal 11, al ser entrevistada por los periodistas Germán Marte y Edith Febles.