Paralizan todas las actividades
en el municipio de Navarrete

Paralizan todas las actividades<BR>en el municipio de Navarrete

NAVARRETE. SANTIAGO.  Centros comerciales cerrados, escuelas sin docencia, escombros en las calles y decenas de policías en labor de patrullaje,  fue el escenario de ayer en este municipio, en medio  de un paro de labores convocado por el Frente Amplio de Lucha Popular (Falpo),  en demanda de varios servicios, previo al paro nacional del próximo 14 de noviembre.

Los organizadores de la protesta dijeron que la misma fue apoyada por la población en un 98%, en demanda del cumplimiento de  las promesas de construcción de calles, aceras y contenes;  servicio de agua potable en varias comunidades, y que la Cámara de Cuentas realice una auditoría en el ayuntamiento  de esta ciudad, por denuncias de supuestos actos de corrupción.

El vocero del Falpo en este municipio, José Espinal, dijo que el apoyo de la población y de los comerciantes a la protesta de este lunes es una muestra  que las demandas son justas.

“Las demandas son propias de la comunidad, porque el pueblo ya no aguanta más esta crisis económica que afecta el país, y que el Gobierno no hace nada para resolver, y tampoco hace las obras que prometió”, explicó el dirigente popular.

Señaló que otros de los motivos de la protesta, la cual no tuvo enfrentamientos ni agresiones policiales, es  para exigir la liberación de tres dirigentes populares que están presos, acusados de diferentes delitos asociados a huelgas.

“Son tres jóvenes luchadores: Braulio Vargas, José Luis Fernández y Elías Gómez, quienes han sido víctimas de una trama política del partido de Gobierno en contra de quienes luchan por las reivindicaciones en la comunidad”, expresó.

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Apelación

Espinal dijo que los recursos de apelación no han sido respondidos, pese a que   ha pasado  un año  que se  dictó sentencia por los crímenes de los que son acusados.

Corrupción en  el cabildo

El Falpo aprovechó la protesta para denunciar supuestos actos de corrupción en el cabildo  local, que según Espinal, incluyen violaciones constantes a la ley de libre acceso a la información pública y   de licitación de obras.

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