BOGOTA (AFP).- El plan de paz con los paramilitares colombianos atraviesa por su momento más crítico, después de ocho meses de negociación, a raíz de la amenaza de los grupos derechistas de «regresar a la guerra» si el Congreso aprueba una ley que los obligaría a pagar penas de cárcel de entre 5 y 8 años por crímenes atroces.

La suerte del diálogo con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, ultraderecha) quedó en vilo tras la advertencia de sus jefes de retirarse de la mesa de conversaciones si el Congreso aprueba la norma.

«Estamos viendo la situación sumamente compleja, el proceso está casi en fase terminal, está en una etapa agónica», afirmó este lunes Ernesto Báez, jefe político de las AUC, reiterando la advertencia lanzada el domingo en la antesala de la votación en el Congreso del proyecto de Justicia y Paz.

Acompañado de otros comandantes que reaparecieron con sus fusiles ante las cámaras de televisión, el jefe paramilitar advirtió que sus hombres regresarán al monte si la ley es aprobada.

Lejos de ceder pero reconociendo el «grito de angustia» de los paramilitares, el comisionado presidencial de paz, Luis Carlos Restrepo, anunció que el gobierno persistirá en la aprobación de la norma que también prevé la devolución de bienes y el reconocimiento del paramilitarismo como delito político.

«Es imposible que después de casi dos años de debate público, nosotros volvamos a empezar de nuevo. En torno al proyecto se ha venido logrando un consenso, unas mayorías parlamentarias han venido aprobando el articulado e insisto: el gobierno cree en este instrumento», señaló a la radio La W el consejero presidencial de paz, Luis Carlos Restrepo.

El comisionado instó a los sectores del país a rodearlo en su intento de persuadir a las AUC de la conveniencia de la ley que también ha recibido cuestionamientos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y parte de la bancada parlamentaria del oficialismo, que la consideran demasiado benigna.

Estados Unidos, a través de su embajador William Wood, terció en la discusión al advertir la semana pasada su deseo de que la ley «obligue a una completa revelación de los delitos y una reparación a las víctimas, así como refuerce el tratado bilateral de extradición», este último el punto que más preocupa a los jefes paramilitares involucrados con el narcotráfico.

Pero contrario a esas consideraciones, el jefe político de las AUC insistió en que la propuesta, tal como está redactada, no facilita la desmovilización de sus tropas y complicaría un proceso similar con sus enemigos de las guerrillas izquierdistas.

«Si en los últimos debates se endurece más la norma es muy probable que las AUC no se acojan a este instrumento», insistió Báez, en una declaración interpretada como un chantaje al Congreso y que a juicio de varios analistas revela el momento crítico de la negociación iniciada en julio pasado en medio de un cuestionado cese al fuego.

«Creo que tendremos ley pero no paz, es decir, que este proceso con las AUC va a tener un desenlace tan disparatado como su desarrollo», opinó Carlos Villalba, un ex magistrado del Consejo Superior de la Judicatura (organismo responsable del nombramiento de los jueces), a la emisora RCN.

Sus palabras resumen la posición de distintas fuerzas que consideran inminente la aprobación de la ley de Justicia y Paz, aunque se expresan escépticos frente a las amenazas de ruptura de los paramilitares.

Anticipándose a un eventual suspensión de las negociaciones, la oficina de la ONU en Bogotá advirtió a los paramilitares que eso sería una «gravísima equivocación», mientras otros analistas, como el ex alcalde de Bogotá Jaime Castro, dijeron que las amenazas paramilitares expresan el miedo de esos grupos a la extradición y, en consecuencia, su intento de blindar su futuro jurídico.

«Cabe preguntarse hasta dónde es real esa oposición: descontando la estrambótica propuesta de que un grupo armado someta una ley a referendo, es un hecho que los »paras» saben que este es el mejor trato que conseguirían», comentó este lunes en su editorial el diario El Tiempo.