MEDELLIN, Colombia (AFP).- Por primera vez en la historia de Colombia, 855 paramilitares depusieron ayer martes las armas en la ciudad de Medellín, en un emotivo acto que marcó el inicio de un polémico proceso de desmovilización de unos 20.000 combatientes de extrema derecha.

La ceremonia, celebrada en el centro de convenciones de esta ciudad -la segunda en importancia de Colombia-, tuvo como momento culminante la entrega de más de 500 armas por parte de los combatientes del Bloque Cacique Nutibara (BCN), entre quienes se encontraban 16 mujeres.

Bajo estricta vigilancia del Ejército y la Policía, el acto de desarme es el es el primer paso concreto de un acuerdo firmado el pasado 15 de julio entre las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y el gobierno del presidente Alvaro Uribe.

«Es este un gran paso y es apenas el inicio de otro largo camino», expresó el alto comisionado de paz del gobierno, Luis Carlos Restrepo, quien tras presidir el acto anunció que el 7 de diciembre se desmovilizarán otros 150 paramilitares en el departamento de Cauca.

Durante la ceremonia, los asistentes al Palacio de Exposición escucharon un mensaje en video de los máximos líderes de las AUC, Salvatore Mancuso y Carlos Castaño, jefes militar y político; y Diego Murillo (alias ‘Don Berna’), inspector general de esa organización y máximo comandante del BCN.

«El camino de la paz está abierto en Colombia. Nuestro compromiso es total», aseguró Mancuso, quien apareció en el video, al igual que los otros dos comandantes, vestido de civil en una tribuna cubierta con la bandera de Colombia.

Castaño reconoció que el proceso enfrenta «vacilaciones» en el mismo seno de las AUC, así como serias críticas en el país y en la comunidad internacional porque el plan dejaría impunes los crímenes cometidos por los paramilitares.

«Hemos contribuido altamente en la contención de la arremetida de las guerrillas. En nuestro avance hemos incurrido inevitablemente en algunos excesos. Somos conscientes de esta situación», dijo Castaño, quien consideró «indispensable» el otorgamiento de beneficios jurídicos para los combatientes.

Igualmente, el jefe político del BCN, Giovanni Marín alias ‘comandante R’, pidió en la ceremonia perdón al país por los daños que hubiesen ocasionado sus acciones. «Es hora de unirnos a la sociedad civil. Por la paz nos la jugamos toda», expresó.

Marín saludó a sus hombres luego de que estos desfilaron uno a uno para entregar fusiles, lanzacohetes, revólveres, camuflado y equipo de campaña, ante el comisionado de paz y el cuerpo diplomático que asistió al evento.

«Cumplimos, cumplimos, cumplimos», gritaron los 855 desmovilizados al concluir la ceremonia y partieron en 45 autobuses, fuertemente escoltados, a la localidad de La Ceja, cerca de Medellín, donde se concentrarán por tres semanas para recibir educación, capacitación laboral y atención sicológica.

A la ceremonia asistió el delegado especial de la Organización de Estados Americanos (OEA), el argentino Sergio Caramaña, quien dijo esperar que «el paso que han dado» los colombianos «se sostenga en el tiempo».

«Porque el gesto de hoy es importante, pero ahora viene una tarea muy difícil que es sostener la reinserción y la reubicación de esas personas en la sociedad civil, que es el sinónimo de la paz a largo plazo», declaró Caramaña a la prensa.

Esta es la primera vez que la comunidad internacional se hace presente en el proceso con los paramilitares, pues desde un inició recibió fuertes críticas de los organismos de derechos humanos porque el gobierno ofreció libertad condicional a los acusados de crímenes atroces que acojan a un plan de paz.

Una de esas organizaciones, Human Rights Watch, calificó el acuerdo del martes como «una parodia» y consideró la transmisión del acto por televisión como «una vidriera de la impunidad».