BOGOTA (AFP).- En una histórica y polémica comparecencia ante el Congreso de Colombia, tres líderes paramilitares de extrema derecha defendieron este miércoles el proceso de paz con el gobierno de Alvaro Uribe, pidieron nuevas zonas de concentración de combatientes y rechazaron la cárcel como castigo a sus crímenes.

Bajo extremas medidas de seguridad, los tres jefes más representativos de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Salvatore Mancuso, Ernesto Báez y Ramón Isaza, acudieron al Parlamento tras abandonar -con un permiso especial de 48 horas emitido por el gobierno- la población de Santa Fe de Ralito, donde se encuentran concentrados para los diálogos de paz.

Mientras en las afueras del Congreso se manifestaban grupos a favor y en contra de los paramilitares, adentro se llevó a cabo un agitado debate -convocado por la comisión de paz del Legislativo-, al que asistieron una veintena de diplomáticos, con la sensible ausencia del delegado de la Organización de Estados Americanos, Sergio Caramagna, quien verifica el proceso.

Vestido de traje oscuro y corbata roja, Mancuso, líder máximo de las AUC, emitió un discurso de más de los 20 minutos pactados, en el que se desbordó en ataques contra las guerrillas, responsabilizó al Estado por el conflicto armado, y demandó garantías para los paramilitares desmovilizados y un mayor acompañamiento al plan de paz.

Mancuso pidió al gobierno colombiano autorizar más zonas de ubicación para los combatientes, adicionales a la de 368 km2 existente en el departamento de Córdoba, considerada bastión histórico de las AUC y cuyo epicentro es Santa Fe de Ralito (750 km al norte de Bogotá).

«Las zonas de ubicación constituyen una novedosa forma de espacio de concertación social y provechosa interlocución, donde puedan llevarse a cabo paralelamente al proceso de paz los acuerdos políticos con los sectores representativos de la comunidad local», aseveró.

Para ello sugirió la instalación de zonas de ubicación en lugares como el Magdalena Medio (centro), el sur de Bolívar (norte), Cundinamarca (centro), los Llanos Orientales o Norte de Santander (este).

Al demandar garantías jurídicas para la desmovilización de los paramilitares, acusados de crímenes atroces y de narcotráfico, Mancuso sentenció: «No podemos recibir la cárcel».

El líder de las AUC también criticó la política del gobierno colombiano frente a los cultivos ilícitos señalando que debería ser más de sustitución que de erradicación, al tiempo que comprometió a su organización a ayudar en la tarea de acabar con éstos.

Por su parte, en su discurso, Báez aseguró que una solución del conflicto armado requiere el reconocimiento de que en el país existe una «narcoeconomía de guerra» y recordó que el narcotráfico ha financiado tanto la violencia de los paramilitares, como de la guerrilla y la delincuencia común.

Según Báez, el narcotráfico generó recursos por 38.000 millones de dólares entre 1980 y 1996, que permearon todas las esferas de la sociedad y el Estado colombiano, y nutrieron a los grupos armados.

Tras la intervención de los tres paramilitares, los congresistas tomaron la palabra y se enfrascaron en un agrio debate.

«Todo lo que el Congreso pueda hacer para darle confianza al diálogo y sacar fusiles de la guerra es bienvenido», aseveró el presidente del Partido Liberal, Joaquín Vives.

Uno de los más fuertes opositores a la realización de la audiencia, el representante Gustavo Petro, dijo a la AFP: «Esto es un sometimiento de las instituciones al narcotráfico. Mancuso vino al Congreso con la intención de dirigirse como un político cuando en realidad es un capo del narcotráfico».

«Este templo de la democracia ya se prostituyó, pero hay que escucharlos», dijo el representante Jaime Canal, al recordar que el pasado 4 de junio habló también el Congreso un vocero del rebelde Ejército de Liberación Nacional (ELN).

La controvertida presencia de los paramilitares en el Congreso coincidió con el cuestionamiento que hizo el gobierno a las negociaciones, al admitir que atraviesan una grave crisis de credibilidad y responsabilizar a la OEA de no cumplir con su misión de verificar el cese de hostilidades decretado por las AUC el 1 de diciembre de 2002.

«No nos digamos mentiras, (los paramilitares) han seguido asesinando, han seguido cometiendo violaciones a los derechos humanos, poniendo al gobierno entre los palos», afirmó el vicepresidente Francisco Santos.

El proceso de paz con las AUC busca la desmovilización de unos 20.000 combatientes antes de 2006.