TIBU, Colombia (AFP).- La más grande desmovilización de un grupo armado ilegal en la larga historia del conflicto colombiano, se produjo este viernes con la entrega de las armas de 1.425 paramilitares, sin que se haya definido el marco jurídico al que se enfrentarán los acusados de atrocidades.

   A pesar de que el proceso de negociación de paz con las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se inició en enero de 2003, y de que el gobierno presentó cinco versiones de un proyecto de alternatividad penal para los miembros de grupos armados que se desmovilizaran, el Congreso nunca lo aprobó.

   El ministro del Interior, Sabas Pretelt, presentó al Legislativo, en agosto de 2003, el proyecto original denominado Ley de Alternatividad, pero fue rechazado porque preveía la libertad condicional para los desmovilizados, sin importar que estuvieran acusados de delitos de lesa humanidad.

   En abril pasado, el gobierno presentó el proyecto denominado «Ley de Justicia y Reparación» en el que se introdujeron las herramientas para evitar que esos delitos quedaran impunes, pero por diversas circunstancias nunca fue discutido en el Congreso.

   Por lo mismo, este viernes la incertidumbre se cernía sobre la situación jurídica de los desarmados, particularmente los comandantes paramilitares, encabezados por el propio Salvatore Mancuso, líder de las AUC.

   A Mancuso, quien también entregó su arma, se le acusa de delitos de lesa humanidad y está solicitado en extradición por Estados Unidos por cargos de narcotráfico.

   Al desmovilizarse, el jefe paramilitar confió en que el presidente Alvaro Uribe «honre la fe de los hombres desmovilizados» en su política, y que «la conciencia ciudadana interprete con justicia la decisión que se tome» en torno a las penas a que deban someterse.

   «La democracia zanjará la distancia que hay entre el concepto presidencial de justicia y la noción soberana del pueblo en su derecho a la paz», agregó Mancuso.

   Por su parte, Ernesto Báez, jefe político de las AUC y quien también se desmovilizó este viernes, se mostró de acuerdo en que la justicia debe aplicarse a los autores de conductas punibles, sin que ello afecte el propósito de la paz, pero sin que aquellas queden impunes.

   «Que la paz sea el producto de un clamor nacional por la reconciliación, pero que además no quede el sabor amargo de la impunidad», aseguró Báez, tras señalar que la dosis de castigo «se la dejo al jurista».

   El jueves, en vísperas de la desmovilización del denominado Bloque Catatumbo, el ministro Pretelt anunció que presentará al Congreso, en el primer trimestre de 2005, una nueva iniciativa, denominada Proyecto de Verdad, Justicia y Reparación.

   Apenas anunciado el nuevo proyecto, que contemplará una pena máxima de 10 años para delitos atroces cometidos por irregulares, empezó a generar posiciones a favor y en contra en el Congreso y otros diversos sectores.