A PAZ (AFP).- El ministro de Desarrollo Rural de Bolivia, Hugo Salvatierra, denunció que terratenientes están conformando grupos irregulares para resistir la reforma agraria que promueve el presidente izquierdista Evo Morales. “Existen grupos irregulares. Tenemos la obligación de desarticular estos grupos”, propugnó el ministro quien dirige un programa de reformas que implica la reversión de tierras improductivas -en manos de privados- a dominio del Estado y la dotación de 4,5 millones de hectáreas sólo a campesinos e indígenas bolivianos en el menor plazo posible.

“El Estado nacional debe actuar sobre los grupos irregulares” sostenidos por poderes económicos que buscan “crear zozobra”. “Se está promoviendo el enfrentamiento”, demandó.

Salvatierra estima que en esta resistencia están involucrados unos 400 terratenientes, cada uno de los cuales controla en promedio 50.000 hectáreas de tierras improductivas, obtenidas irregularmente en anteriores regímenes y con las que especulan.

Se trata de “una alta concentración de tierra en pocas manos no productivas, que es lo más grave”, indicó.

La administración Morales anunció recientemente una revolución en el empobrecido agro boliviano, cuya punta de lanza son las tierras de entre 10.000 y 60.000 productores, principalmente de oleaginosas, de la rica región de Santa Cruz.

Es en esa región donde un conglomerado político empresarial, el Comité Pro Santa Cruz (CPSCZ), anunció de antemano resistencia a la política de reforma agraria del gobernante indígena.

En el CPSCZ se alzaron en 2005 voces secesionistas y uno de sus principales dirigentes, Rubén Costas, electo en las urnas en diciembre último como gobernador de Santa Cruz, agitó un proyecto de reforma agraria regional en contraposición al de Morales.

“Estamos en contra de la injusta distribución de la tierra”, insistió Salvatierra al tiempo de citar el caso de un terrateniente en Santa Cruz que se ha dotado de fundos por más de 100.000 hectáreas “y que se oculta detrás del Comité Pro Santa Cruz y convoca al uso de las armas, que compra y alquila servicios de sicarios y provoca masacres” de campesinos pobres.

Entre 2000 y 2005, lapso en que se desató una ola de ocupaciones de fundos privados, poco más de 100 campesinos sin tierra y dos hacendados han muerto en violentos incidentes en Bolivia.

“En este país ha habido una gran injusticia con el campesino que por ser campesino, por declararse campesino, solamente se le dotaba de hasta 50 hectáreas”, mientras que “el que presentaba un proyecto de trabajo agrario tenía derecho hasta a 50.000 hectáreas”, ilustró.

En lo que observadores locales definen como la más dura batalla que tendrá que librar Morales en el plano interno tras nacionalizar los hidrocarburos bolivianos en manos de poderosos consorcios multinacionales, la Paz no desestima la hipótesis de un conflicto con los propietarios establecidos en Santa Cruz y los distritos amazónicos de Beni y Pando.

Se trata de las regiones más ricas de Bolivia y emplazadas en extensas áreas de vocación agropecuaria, forestal y aurífera, donde familias de indígenas son sometidas aún a un régimen de esclavitud, “sin salario, seguridad social, salud y educación”, deploró Salvatierra.

El ministro boliviano estima que el saneamiento y titulación de la tierra en Bolivia, objetivo de la reforma agraria de Morales, demandará entre 3 y 4 años y unos 100 millones de dólares.

“Garantizamos la propiedad de la tierra. No vamos ni a fomentar ni a permitir ocupaciones legales de tierra. Convocamos a los campesinos, al Movimiento Sin Tierra, a no proceder a ocupaciones en tanto y en cuanto no agotemos el diálogo y la concertación”, instó.