BOGOTA (AFP).- Los desmovilizados jefes paramilitares, encarcelados a la espera de ser procesados por sus crímenes, rompieron la negociación de paz de tres años con el gobierno de Alvaro Uribe al que acusaron de engañarlos y amenazaron con revelar sus nexos secretos con la dirigencia de Colombia. “La situación es grave porque son casi 32.000 desmovilizados que estamos más que convencidos que el gobierno fue falso, que nos hizo trampa”, dijo este jueves David Hernández, uno de los ex comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) paramilitares.

Hernández aseguró que el rompimiento del proceso no significa que “volvemos a las armas”, aunque sobre la posibilidad de que se desate una ola de violencia advirtió que los 59 ex comandantes presos en la cárcel de alta seguridad de Itagüí (noroeste), “no pueden tener control sobre los desmovilizados”.

Los paramilitares anunciaron la ruptura la noche del miércoles, tras una reunión con el alto comisionado de paz Luis Carlos Restrepo, a quien reclamaron por la decisión del gobierno de trasladarlos a esa cárcel.

Uribe ordenó el viernes el traslado a Itagüí, en el departamento de Antioquia, de los 59 paramilitares, entre los que se encuentran algunos de sus máximos jefes, por sospecha de que planeaban fugarse y ordenaban crímenes desde un antiguo centro vacacional donde estaban recluidos.

   Ernesto Báez, considerado como el responsable político de las AUC, calificó como “un vil montaje” las acusaciones y consideró sospechoso que el traslado ocurriese después que los paramilitares anunciaron sus disposición a contar toda la verdad sobre la forma como la dirigencia del país les brindó apoyo y financiación.

    Báez dejó en claro que los paramilitares no tienen la intención de callarse. “Si esos políticos, militares, industriales, comerciantes, no acuden a la convocatoria que les hacemos nosotros y la nación entera, tendremos que convidarlos de otra manera: denunciándolos” añadió.

   Uribe dijo este jueves que no teme a las revelaciones que puedan hacer los paramilitares y durante una ceremonia policial señaló que el “gobierno en lugar de callar, de buscar silencio”, facilitará las investigaciones de los diversos organismos.

   Mientras, el ministro del Interior Carlos Holguín, advirtió sobre eventuales brotes de violencia y dijo que “cualquier delito que ellos (los jefes paramilitares) cometan, los hace acreedores a perder los beneficios de la ley de justicia y paz” que como contraprestación a su desmovilización les redujo a entre cinco y ocho años las penas que podrían recibir por sus crímenes.

   Igualmente Holguín recordó que el gobierno podría autorizar la extradición de al menos seis jefes de las AUC, que son solicitados por narcotráfico en Estados Unidos.

   El presidente del izquierdista Polo Democrático, Carlos Gaviria, dijo que en el cruce de amenazas de las AUC que anuncian revelar sus vínculos y las del gobierno, de extraditarlos, “hay una presión mutua que me parece que hace todavía menos transparente el proceso”.

   “Lo que ha existido siempre dentro de la opinión es la pregunta: Será que hay compromisos del gobierno con los paramilitares que la gente no conoce. Y todo parece indicar que así es”, añadió Gaviria.

   Las revelaciones prometidas por los paramilitares podrían alimentar las pesquisas de la Corte Suprema de Justicia contra congresistas cercanos a Uribe por sospechas de que ayudaron a crear grupos de ultraderecha en departamentos de la costa Caribe (norte) e instigaron masacres de campesinos.

   Tres de esos parlamentarios han sido detenidos y otros seis han sido llamados a interrogatorio, entre ellos Alvaro Araújo, el influyente hermano de la actual canciller.