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POR ROSA ALCÁNTARA
El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) estimó ayer que el gobierno debe resistir lo que calificó como «un vulgar chantaje» del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) que ha paralizado al Congreso Nacional con el alegato de persecución política contra ex funcionarios.
Los funcionarios del pasado gobierno, dijo Pared Pérez, deben «darle gracias a Dios» por la vigencia del nuevo Código Procesal Penal, porque «muchas iniciativas que antes partían del ministerio público, ahora precisan la autorización de un juez».
«Que le den gracias a Dios porque deberían estar presos, ya que no cabe la menor duda que muchos funcionarios del anterior gobierno cometieron actos de corrupción y malversaron fondos», dijo Pared Pérez.
Citó Pared Pérez las declaraciones del ex presidente de la República, Hipólito Mejía, en las que aseguraba que en el PRD son corruptos nueve de cada diez integrantes.
Durante una visita al Palacio Nacional, Pared Pérez se refirió a las declaraciones del dirigente perredeísta, Emmanuel Esquea Guerrero, quien advirtió al gobierno que si seguía allanando viviendas y oficinas de ex funcionarios, el PRD desestimará los proyectos de bonos y del metro en el Congreso Nacional.
«Digo a nombre del PLD que si quieren que no lo hagan, pero las autoridades del ministerio público deben darle cumplimiento a la ley. Eso no es más que un vulgar chantaje, que siempre es el proceder que ha caracterizado a muchos dirigentes del PRD», subrayó.
Dijo Pared Pérez que los allanamientos a la empresa del ex secretario de Agricultura, Eligio Jáquez, en Santo Domingo, y a la del ex subsecretario de Medio Ambiente, José Rafael Escarramán Hernández, en Jarabacoa, se hicieron por disposición de un juez que los estimó pertinentes para determinar el procedimiento de distribución de unos invernaderos adquiridos con endeudamiento externo durante la gestión pasada.
Pared Pérez dijo que son diferentes las formas con que se manejó el ministerio público en el pasado gobierno perredeísta y en la actual administrativa.
Dijo que en la administración del PRD hubo aparatosidad y atropellos contra funcionarios peledeísta en la administración del 1996 al 2000.
CONSULTOR JURÍDICO
En tanto, el consultor Jurídico del poder Ejecutivo, César Pina Toribio, dijo entre sus prioridades no están señalar culpabilidades «si no existen, ni jugar a la persecución» para intimidar políticamente.
«Entiéndanlo bien, en el PLD tenemos una visión de lo que debe ser el ejercicio del poder público, que es el de generar mejores condiciones de vida, fomentar el desarrollo y progreso del país», dijo Pina Toribio.
«Ahora, quienes pretenden entonces que no se les investigue, que no se establezcan responsabilidades, esos si están admitiendo que sus conductas no resisten el más riguroso examen porque aparecerían las culpabilidades», agregó el también dirigente del PLD al enjuiciar las reacciones de dirigentes y legisladores del PRD.
Descartó la existencia de una línea gubernamental para perseguir judicialmente a pasados funcionarios con propósitos electorales, porque «la línea presidencial es que cada quien cumpla su responsabilidad y sus competencias».
El dirigente político y funcionario expresó que tampoco un gobierno puede evitar que actúe la justicia porque haya sectores que se sientan pasibles de procesos, aun «en nombre de la gobernabilidad o el respeto a vacas sagradas».
Pina Toribio sostuvo que en el ejercicio de la administración pública es inquebrantable el respeto a las leyes, que por ello es preciso organizar esquemas que desarticulen las prácticas de corrupción.
«Con la idea de organizar planes de lucha contra la corrupción fundados básicamente en la consulta a todos los sectores de la población», dijo el abogado y político al destacar la valía y respeto social cosechado por el doctor José Joaquín Bidó Medina, quien encabeza dicha comisión en representación del Presidente de la República.
Insistió en que la político oficial contra la corrupción no gira en la pura y simple persecución; indicando que la creación de la Comisión de Ética Pública y la gestión de aportes y experiencias de otras naciones son muestras del interés por desmontar las estructuras de corrupción estatal.
