Javier Herrera 
Alejandro y Rosa son padres de seis hijos. Están varados en Perú desde el 7 de diciembre.
Los dominicanos Alejandro Rojas y Rosa Cabrera nunca imaginaron que el 7 de diciembre pasado, día que decidieron viajar a Perú a vacacionar por una semana, sería el inicio de una de las peores peripecias de su vida como esposos.
Y es que desde que aterrizaron en el país sudamericano, el destituido presidente Pedro Castillo anunció la disolución del Congreso Nacional y una reestructuración al Tribunal Constitucional y otros órganos del Estado, lo que llevó a que de manera forzosa fuera sacado de la casa de gobierno y posteriormente apresado.
En ese contexto, se desataron varias protestas tras el autogolpe de Castillo, ahora con Dina Boluarte como presidenta de esa nación, que fue nombrada por el Congreso. Debido a esto, las autoridades peruanas decidieron cerrar el aeropuerto Alejandro Velasco Astete de Cusco, la terminal aérea desde donde la pareja dominicana intentó regresar a la República Dominicana…sin éxito.
Alejandro y Rosa, padres de seis hijos, este viernes cumplen nueve días varados sin recibir respuestas concretas ni de las autoridades peruanas ni de la embajada dominicana en ese país.
«Realmente aquí no hay ayuda humanitaria. Aquí a los turistas le doy igual. Intenté (con las autoridades dominicanas en Perú) y nunca me pude comunicar», aseguró Alejandro, quien manifestó su preocupación a este diario por sus vástagos que están en República Dominicana, algunos en casa de vecinos.
De 60 a 260 dólares
Al drama que vive la pareja criolla, que se encuentra hospedada en un hotel en Cusco, próximo al aeropuerto, se suma el aumento de los precios de los boletos aéreos que supuestamente han hecho las aerolíneas. «De los vuelos se están aprovechando. Normalmente lo que cuestan aquí (de Cusco a Lima) sale en unos 60 dólares como mucho, y ahora están cobrando 250, 260 y 280», se quejó Alejandro.
En las calles de Cusco y otras localidades se puede ver a los extranjeros, que dice el alcalde de Machu Picchu, Darwin Baca, son unos 5 mil. Sin embargo, lo curioso es que Alejandro y Rosa no han visto a dominicanos en la zona donde ellos se encuentran.
Las protestas en Perú se intensifican y, aunque Boluarte solicitó adelantar las elecciones presidenciales del año 2023, a petición del pueblo peruano, fue este viernes cuando decidieron reabrir las terminales aéreas. La pareja de dominicanos espera abandonar Perú este sábado 17 de diciembre.
Llaman a la calma
Al respecto, Lima Airport Partners (LAP), la empresa operadora de aeropuertos en el país, informó en su cuenta de Twitter que la medida se levantará “siempre que se den las condiciones de seguridad para el reinicio de operaciones”.
«CORPAC S.A. hace un llamado a la calma y serenidad de la población, así como también a los gremios y asociaciones civiles, considerando que estos actos violentos no hacen más que perjudicar el desarrollo de la propia región, afectando el turismo y poniendo en riesgo el traslado por vía aérea, ante una necesidad de atender una emergencia médica», precisa un comunicado de la empresa.
Lo que hizo Castillo
“Se dictan las siguientes medidas: disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional; convocar en el más breve plazo a un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de nueve meses”, había dicho Castillo horas antes en un discurso que fue retransmitido por televisión.
En ese mismo mensaje, anunció que se gobernaría mediante decretos ley hasta que se instaurara el nuevo Congreso. Además, decretó el toque de queda en el país, así como la reorganización del sistema de justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional.
Estado de emergencia
El nuevo gobierno peruano ha declarado el estado de emergencia por 30 días en todo el país.
La medida responde a «los hechos vandálicos, violentos, a la toma de carreteras y caminos, que ciertamente ya son actos que se están estabilizando y están siendo controlados por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas y que requieren una respuesta contundente y de autoridad de parte del gobierno”, según la versión del ministro de Defensa, Alberto Otárola.
