El sistema bicameral confiere pluralidad a la matriz que hace emerger las leyes. Conjunción de posiciones partidarias que incluye a conservadores, centristas y avanzados; pero eso es la sociedad dominicana en matices y en este comienzo de la segunda legislatura ordinaria, los componentes del espectro deberían tener muy presente su obligación de estatuirles normas a la nación que transiten por debates que abran espacio a las avenencias para lograr que la República avance en sus fundamentos jurídicos.

Debatir, contrastar con minuciosidad los asuntos puestos a su cargo, generalmente de sus propias iniciativas, respetándose en sus contradicciones antes de pasar a las votaciones que reflejarán la voluntad mayoritaria sobre cada proyecto en agenda, con arreglo a lo que mandan la Constitución y sus derivaciones adjetivas y reglamentarias. Las diferencias de criterios, llevadas a extremos, pueden repercutir como negaciones y retrasos legislativos.

Las discordancias que tienden a formar barreras restan funcionalidad al principal poder del Estado y agreden la democracia, sistema soberanamente establecido y configurado en la Carta Magna como base de un régimen de derechos irrevocable. Insustituible.

El régimen constitucional vigente y las reglas que de él se derivan pretenden evitar que desde algún ángulo del abanico partidario o tendencias sobrevengan maniobras, rupturas de quórum o aprovechamientos de ausencias circunstanciales para dimanar desde las cámaras mandatos de arbitraria unilateralidad, y hasta sorpresivos para la nación; o, sencillamente, que se recurra en boicot a despoblar curules para impedir decisiones trascendentes que propicien un orden jurídico acorde con los tiempos.

Los órganos legislativos deben, además, estar abiertos a las valoraciones de los gobernados, a los que se deben, y para ello están prescritas las vistas públicas. Ni podrían en ningún caso, cerrar sus oídos a la asesorías especializadas que les deben estar al alcance cuando manejan temas que técnicamente no son de su dominio para así garantizar la calidad y factibilidad de las leyes que tienen que corresponder a realidades insoslayables, y a los principios que rigen a la sociedad.

El éxito de los ejercicios parlamentarios reside en el respeto a la diversidad de intereses legítimos y a los criterios esgrimidos por liderazgos comunitarios aptos para enriquecer los debates. No se va a los asientos de los hemiciclos a ejercer de reyes infalibles y todopoderosos.

Tampoco se acude con facultad para desconocer propuestas alternativas, justas y razonables, aunque se reconozca que los legisladores tengan siempre la última palabra; pero deben tomarlas tras sopesar los argumentos en contra de los que la sociedad se haga significativo eco.

Lo cortés no quita lo valiente. Y todo lo que se conozca en sesiones ordinarias o extraordinarias debe trascender a tiempo con fidelidad de contenido, para que cada ley sea aireada fuera de los muros congresuales sobre los alcances y consecuencias que tendrían sobre el pueblo que por ellos votó, sabiéndose que desde la colectividad pueden surgir legítimas objeciones y cuestionamientos y que existe un Tribunal Constitucional capacitado para enmendarla.

Los legisladores representan al pueblo y deben escuchar al pueblo