El Parlamento de Venezuela, de mayoría opositora, autorizó este lunes al jefe del Legislativo, Juan Guaidó, que se proclamó presidente encargado del país en enero pasado, declarar un “estado de alarma nacional” debido a la “calamidad” que atraviesa la nación por un apagón que cumple 4 días.

Los diputados de la bancada opositora aprobaron de forma unánime el decreto, que se entiende “como modalidad del estado de excepción» y regirá por 30 días.

Venezuela sufre desde el pasado jueves un fallo del servicio eléctrico que afecta aún a gran parte del país, y que, según el Gobierno de Nicolás Maduro, ocurrió luego de un “ataque cibernético» a la central hidroeléctrica de Guri, que abastece a cerca del 70 % del territorio.

Pero el decreto señala que las “excusas” del Gobierno de Maduro están “llenas de mentira y de gran cinismo” y apunta a la desinversión y la ineptitud como la causa del corte.

El decreto también dispone que el personal técnico de la estatal Corpoelec sea movilizado por la Fuerza Armada, en vista del colapso del transporte público en el país.

Asimismo, “instruye a todo el personal del servicio exterior del país a que realicen los contactos a que haya lugar a fin de coordinar la cooperación técnica internacional que se pueda brindar» para lograr el pleno restablecimiento del servicio.

Tras aprobarse el decreto, Guaidó dijo a los diputados que mantiene contactos con varios Gobiernos de la región y empresas del mundo, que tienen la capacidad de asesorar a Venezuela para que logre elevar su generación.

Las fallas eléctricas y de otros servicios públicos son frecuentes en Venezuela, un país que atraviesa una severa crisis económica pese a ser el depósito de las mayores reservas de crudo en el mundo.

Los cortes se expresan con mayor crudeza en las regiones del interior del país, pero ya afectan incluso a la ciudad de Caracas, la capital de la nación y sede de los poderes públicos.

Esta crisis económica y de servicios tiene como telón de fondo la tensión que se elevó el pasado enero, cuando Maduro juró un nuevo mandato cuya legitimidad no reconoce la oposición y parte de la comunidad internacional, y, en respuesta, Guaidó dijo que asumía las competencias del Ejecutivo como presidente interino.