El Parlamento venezolano, de contundente mayoría opositora, designó ayer a 33 magistrados “legítimos” para sustituir a la misma cantidad de jueces nombrados por el Legislativo anterior, controlado por el chavismo, retando así al Tribunal Supremo, que pidió a las autoridades aplicar medidas de “coerción».
La designación de estos magistrados se produjo en un acto que se desarrolló en una plaza pública del este de Caracas y no en el palacio legislativo, medida que se toma un par de semanas después de que la sede del Parlamento fuera tomada por grupos violentos afectos al chavismo y agredieran a diputados y empleados.
“No olvidemos por qué estamos acá- queremos pasar de Venezuela violenta y arruinada, a la de la paz y justicia”, dijo el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Julio Borges.
El diputado opositor Carlos Berrizbeitia, encargado de proponer los nuevos nombramientos, afirmó que la designación de los magistrados por el Parlamento en 2015 “fue un proceso ejecutado a trocha y mocha”, de forma irregular, algo que también ha denunciado la fiscal general, Luisa Ortega.