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Madrid, (EFE).- El Congreso de los Diputados (cámara baja del Parlamento español) aprobó hoy la reforma de las pensiones que eleva de 65 a 67 años la edad de la jubilación y que incluye mejoras para las prestaciones de viudedad y orfandad.
El Gobierno español aprobó el pasado 25 de marzo esa reforma, que había sido acordada previamente con los sindicatos y las organizaciones de empresarios.
El texto, que integra en el Régimen General de la Seguridad Social a los empleados del hogar, pasará ahora al Senado (cámara alta) para continuar con su trámite parlamentario.
El texto del proyecto de Ley fue apoyado en la Comisión de Trabajo e Inmigración del Congreso por el gobernante Partido Socialista (PSOE) y los nacionalistas catalanes de CiU, contó con la abstención del Partido Nacionalista Vasco (PNV) y con los votos en contra del conservador Partido Popular (PP).
El diputado del PP Tomás Burgos señaló que la reforma es «inoportuna, desorientada, imprecisa e incoherente» y lamentó la prolongación de la edad legal de jubilación sin reforzar el principio de contributividad. La reforma incluye beneficios en las cotizaciones por el cuidado de hijos menores, pero sus principales novedades son el retraso de la edad legal de jubilación a los 67 años.
No obstante, podrán retirarse a los 65 quienes hayan cotizado 38 años y medio. El camino para la aprobación de la reforma del sistema de pensiones -una de las principales medidas adoptadas por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para atajar la grave crisis económica que sufre España- fue despejado a finales de enero con el acuerdo alcanzado por el Ejecutivo con sindicatos y patronal.
La reforma supone que las generaciones más jóvenes deberán trabajar dos años más, hasta los 67 para poder jubilarse con una pensión completa.
La medida había sido reclamada con insistencia por la Unión Europea y organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, que veían insostenible a largo plazo el sistema actual de pensiones de España.
La reforma llega después de que en 2010 el Gobierno tuviese que aplicar un plan de reducción del déficit público con recortes sociales como la congelación de las pensiones y la reducción del salario de los funcionarios. EFE
