ESTRASBURGO, Francia,  (AFP). El Europarlamento aprobó ayer miércoles en Estrasburgo (este de Francia) la polémica ley de expulsión de inmigrantes clandestinos de la Unión Europea (UE), que establece un periodo de detención de hasta 18 meses y una prohibición por cinco años para volver a entrar en Europa.

El texto, resultado de un compromiso entre la Eurocámara y los 27 Estados miembros de la UE, fue aprobado por 367 votos a favor, 206 en contra y 109 abstenciones gracias a una alianza entre conservadores, liberales y euroescépticos y las divisiones del grupo socialista. Por ello, las enmiendas propuestas por los opositores del texto fueron rechazadas sin problemas.  

La denominada «Directiva Retorno» armoniza las reglas de expulsión de los clandestinos hallados en territorio europeo, con una detención máxima de 18 meses para quienes no quieran partir por propia iniciativa y una prohibición de cinco años de regresar a la UE. 

Criticada por El Vaticano, la izquierda y organizaciones de defensa de los derechos humanos, la ley no prohíbe además la expulsión de menores. «El acuerdo pone fin a algo difícilmente comprensible como es que en la Unión Europea haya lugares donde los inmigrantes pueden ser retenidos indefinidamente», destacó el eurodiputado español del Partido Popular Europeo, Agustín Díaz de Mera, cuyo grupo apoyó la ley.   España, con 40 días, es junto con Francia y Chipre uno de los países en los que el período de retención es más corto para los ilegales. Los menores no acompañados,  pueden ser devueltos a tutores.

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Acuerdos
El conservador Manfred Weber, que negoció el acuerdo con los 27 gobiernos de la UE, celebró una «victoria de la razón».

 De su lado, los socialistas no lograron superar sus divisiones y así quedó demostrado en la votación, con varios de ellos favorables al compromiso acordado. «No es la victoria o la derrota de nadie. Podemos sentirnos satisfechos de haber obtenido por lo menos una reglamentación europea», indicó el socialdemócrata alemán Wolfgang Kreissldörfler, que votó a favor del texto y contra la consigna oficial del grupo del PSE (Partido Socialista Europeo).  

Para los críticos del texto, como los Verdes, la izquierda o una parte de los socialistas, la «Directiva Retorno» conducirá a un deterioro de las condiciones de expulsión en los países de la UE que actualmente tienen una legislación más favorable.   El eurodiputado comunista italiano Giusto Catania no dudó en calificarla de «una verguenza y un insulto a la cultura jurídica de Europa».