Caracas.- La Asamblea Nacional de Venezuela (AN, Parlamento) aprobó hoy, con el mayoritario voto opositor y en ausencia del chavismo, un acuerdo para responsabilizar al presidente, Nicolás Maduro, de la ruptura del orden constitucional en el país y la consecuente crisis política, social y económica.

“Acuerda declarar la responsabilidad política del presidente de la república por grave ruptura del orden constitucional y democrático, la violación de derechos humanos y la devastación de las bases económicas y sociales de la nación que ha llevado a cabo”, dice el acuerdo aprobado hoy por la bancada opositora.

El acuerdo fue aprobado después de que los diputados opositores expusieran múltiples argumentos en contra del presidente y después de que la bancada chavista se negara a participar en el debate.

En el documento se aprueba, además, acudir al Poder Ciudadano para que intente las acciones dirigidas a hacer efectiva esta responsabilidad y al Ministerio Público para que examine los hechos expuestos y se pronuncie sobre la procedencia de solicitar un “antejuicio de mérito contra el presidente».

Este antejuicio se haría, se argumenta en el escrito por las supuestas acciones del presidente que han estado “encaminadas a la destrucción de la forma política republicana». También se acordó continuar la investigación “sobre la posible existencia de elementos para declarar el abandono del cargo en la Presidencia” y “ratificar el compromiso con la restitución del orden constitucional».

Además, se aprobó ratificar la decisión de la bancada opositora de acudir a las instancias internacionales competentes “para denunciar las violaciones a derechos humanos (…) en cuya comisión el presidente de la república ha tenido el papel protagónico».

El acuerdo recoge una larga lista de consideraciones y argumentos para declarar la responsabilidad de Maduro entre los que se exponen, no solo la “grave alteración del orden democrático” y la “violación de los derechos humanos” sino también por haber “consumado la supresión de la separación de poderes».

Asimismo, critica el hecho de que Maduro “ha gobernado desde el 14 de enero del 2016 merced a un estado de excepción declarado y prorrogado al margen de la Constitución sin la aprobación de la AN, el cual ha ido cercenando progresivamente atribuciones parlamentarias inderogables y ha vulnerado derechos fundamentales».

Se menciona también que el presidente ha ignorado la solicitud de comparecencia de sus ministros ante la Cámara y se ha “facultado a sí mismo” para aprobar contratos de interés público con estados o entidades oficiales extranjeras. “Se ha acrecentado la persecución política de la cual el presidente de la república es corresponsable” y se suspendió la recolección del apoyo al referendo revocatorio presidencial que la oposición impulsaba desde marzo pasado, indica el texto aprobado por la mayoría opositora.

El gobernante es señalado por acudir “sistemáticamente” a la Sala Constitucional del Supremo “para impedir con criterios políticos la entrada en vigencia de leyes sancionadas por la AN que hubieran contribuido a solucionar los problemas del país».

También se atribuye al presidente la responsabilidad en la crisis económica y financiera del país “que ha llevado al déficit fiscal hasta niveles que no se pueden financiar por vías ordinarias, teniendo el gobierno que recurrir al peligroso mecanismo de la impresión de dinero por parte del Banco Central de Venezuela». Todo lo anterior, asegura el texto, ha derivado en una pronunciada depreciación del bolívar y elevadas tasas de inflación que castigan los ingresos.