La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) afirmó que la paralización de la docencia y movilización nacional convocada para hoy por la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), desborda todo principio de razonabilidad y proporcionalidad en la salvaguarda del derecho a la educación consagrado en la Constitución, y trae consigo una crisis que degenera el aprendizaje de calidad y oportuno en la comunidad educativa.

Reiteró su preocupación por estos paros, los cuales dijo, se han convertido en una práctica colectiva en el sistema educativo que genera una suerte de intranquilidad a todos los sectores de la sociedad, debido al impacto negativo que provocan.

“La interrupción de la actividad educativa de los niños, niñas y adolescentes que asisten a los centros educativos públicos del país constituye un ejercicio ilegítimo del mandato constitucional plasmado en el artículo 63”, advirtió la entidad de la sociedad civil.

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Indicó que como derecho “inherente, indispensable, inalienable y esencial” para el desarrollo pleno de la persona, su dignidad y su acceso y calidad de vida, “la educación no puede estar sujeta a restricciones, condicionamientos o limitaciones por cuestiones presupuestarias”.

Dijo que si bien es cierto que las reivindicaciones que pudieran exigir los educadores poseen cierto grado de reconocimiento, “no es menos cierto que ello deba traducirse en una vulneración al derecho esencial para el desarrollo de la nación”.

Recordó además que el Tribunal Constitucional (TC) estableció en su sentencia TC/0064/19, en la e que “el derecho a la huelga no constituye un derecho absoluto…”, y que “la educación tiene por objeto la formación integral del ser humano (…) y es un derecho que debe ser garantizado a lo largo de toda la vida”.

En ese sentido, Finjus considera que debe primar la prestación óptima del servicio de educación, y que los esfuerzos se concentren en un diálogo nacional entre las diferentes organizaciones públicas y privadas con miras a examinar los parámetros educativos sustanciales y llegar a un consenso de mejora del sistema.