La opinión legal del reconocido jurista Eduardo Jorge Prats, titulada “Declarar Loma Miranda Parque Nacional sería inconstitucional”, debe servir para la sabia ponderación del Senado, que conocerá la importante legislación, y resulta sumamente útil para disminuir las desbordadas pasiones que dividen a la colectividad frente al proyecto de la Falconbridge Dominicana, socio del Estado en la explotación minera.

A juicio del reputado constitucionalista, la declaración de Loma Miranda parque nacional quebrantaría la Carta Magna en tres aspectos esenciales: vulnerará el derecho de propiedad de la empresa minera, violará su derecho a la seguridad jurídica y se convertirá en una ley irrazonable.

Cita el acápite constitucional que dice: “Ninguna persona puede ser privada de su propiedad, sino por causa justificada de utilidad pública o de interés social, previo pago de su justo valor”, para demostrar que, en este caso, el Presidente Danilo Medina quedaría expuesto al desembolso de una incalculable compensación multimillonaria, tras la valoración científica y objetiva tanto de la riqueza ecosistémica de los 13.73 km2 que posee Falcondo dentro de los límites en disputa, como su trascendencia hidrológica para el consumo humano y la agropecuaria, más los supuestos efectos nocivos de la actividad minera propuesta.

Dada la vinculación contractual del Estado con Falconbridge hasta el 2030, la declaratoria de parque nacional implicará la revocación unilateral de lo estipulado, desconociendo la seguridad jurídica de la empresa, violación capaz de generar compensaciones económicas adicionales por el repentino cambio introducido de mala fe.

Al parecer, la comisión especial del Senado que se ha expresado favorable, no tomó en cuenta esta opinión profesional ni escuchó la sustentada por la Sociedad Dominicana de Geología. Pero el hemiciclo senatorial puede enmendarla, ponderando las peligrosas consecuencias que acarrea la declaratoria de Loma Miranda parque nacional.

Hace falta sensatez.