POR GERMAN MARTE
En un balance del 2006 y perspectivas para el 2007, el grupo cívico Participación Ciudadana (PC) afirma que los partidos políticos no están desempeñando la función de mejorar el entorno institucional y político y observa que cada vez es menor la lealtad de militantes y dirigentes hacia sus organizaciones.

Otro aspecto del balance critica al gobierno porque, según afirma, durante el 2006 el gobierno no mostró la suficiente firmeza y voluntad política en el combate de la corrupción.

El país, dice PC,  precisa de un mayor fortalecimiento de sus instituciones políticas de modo que respondan a las demandas de la ciudadanía, pues los partidos carecen de una visión sobre el orden social. Además, los partidos tienden a respetar cada vez menos sus propios mecanismos institucionales.

Dijo que en las pasadas elecciones hubo un «uso desmedido de los recursos del Estado» para la compra de dirigentes medios y candidatos de parte de todos los partidos que tenían acceso a los fondos públicos.

Advirtió que la forma en que están actuando los partidos y el estilo clientelista del control partidario están socavando las bases de esas organizaciones.

POCA TRANSPARENCIA

A juicio de PC, durante el 2006 hubo algunos avances en materia de transparencia, como lo indica la aprobación de la ley 340-06 de Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones del Estado.

Reconoció el esfuerzo realizado por el gobierno a través del Consejo Nacional para la Reforma del Estado (Conare), para la implementación de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública.

FALTO VOLUNTAD

Empero, acotó, en sentido general durante el 2006 el gobierno no mostró la suficiente firmeza y voluntad política en el enfrentamiento del flagelo de la corrupción, como lo evidenció la falta de apoyo financiero y tecnológico a instituciones claves en el combate de la corrupción, como el Departamento de Prevención de la Corrupción (DPCA) y la Procuraduría General de la República; el cese de la investigación y persecución del caso PEME, y el silencio gubernamental frente a los contratos onerosos enviados al Congreso Nacional por parte del Ejecutivo (equipamiento de la Policía Nacional, Isla Artificial y ENADE), «que aunque se hayan detenido, estos hechos, a todas luces dolosos, no tuvieron consecuencia alguna para sus responsables».

Resaltó que en el año que finaliza, la República Dominicana bajó significativamente en el Índice de Percepción de la Corrupción del 2006, que prepara Transparencia Internacional, cayendo en un nivel de 2.8, frente a un 3.0 en el 2005.

«Esto indica que en el país se percibe la existencia de una corrupción rampante. En gran medida por  la impunidad reinante».

Fue importante el hecho de que este año haya pasado a la fase de juicio de fondo el caso correspondiente al Banco Intercontinental (Banínter), agrega el balance de PC.

SATISFACE DESEMPEÑO ECONOMICO

En términos macroeconómicos, PC indicó que el comportamiento de la economía dominicana tendría que ser evaluado de manera bastante satisfactoria durante el año 2006.

En otro orden, manifestó que el gobierno no hizo el ajuste del gasto público a que se había comprometido con el Fondo Monetario Internacional (FMI), sino que incurrió en un exceso de gastos corrientes, sobre todo en el primer semestre del año, al tiempo que no ha encontrado ninguna vía de solución a la brecha financiera del sector eléctrico, con lo cual se ha agudizado el déficit de las finanzas públicas.

Señaló que la estabilidad y el crecimiento se han conseguido al costo de ir posponiendo la solución a los grandes desequilibrios.

PERSPECTIVAS PARA EL 2007

Participación Ciudadana espera que el próximo año se realice una profunda reforma institucional de la Junta Central Electoral, que incluya establecer mecanismo para evitar que los miembros de este organismo se sigan eligiendo sobre la base de componenda entre los partidos.

Abogó también porque en el 2007 se  regule la integración de las Juntas y Colegios Electorales, para garantizar que estos organismos estén compuestos por personas competentes que realicen una labor eficiente al servicio de los procesos electorales.