El movimiento cívico Participación Ciudadana calificó hoy como «ilegal e ilegítimo» el aumento salarial de los senadores y diputados a partir de este mes, con un incremento de RD$70 mil y RD$125 mil, respectivamente, además de que consideró que profundiza la distorsión salarial en la administración pública y genera privilegios irritantes e injustos.

En ese orden, la entidad exhortó al Ministerio de Administración Pública (MAP), en calidad de órgano rector del sistema remunerativo, presentar al país y hacer público el supuesto informe de la consulta que le realizarán los legisladores antes de disponer para su beneficio un aumento salarial para este mes.

«Recordamos que en la República Dominicana aún está pendiente la aplicación de la Ley No. 105-13 sobre Regulación Salarial del Estado dominicano, donde observamos importante rezagos, considerando que todavía no tenemos un régimen de salarios que garantice la uniformidad y la transparencia, por cuanto, un aumento unilateral sin criterios técnicos y que obedezca a una política general del Estado dominicano es evidentemente ilegítimo», expresó en nota de prensa.

Señaló que esa organización reitera que un aumento salarial a los legisladores viola de manera clara la Constitución de la República que, dicen, en su artículo 140 que establece: «Ninguna institución pública o entidad autónoma que maneje fondos públicos establecerá normas o disposiciones tendentes a incrementar la remuneración o beneficios a sus incumbentes o directivos, sino para un período posterior al que fueron electos o designados. La inobservancia de esta disposición será sancionada de conformidad con la ley”.

Promulgue reglamento. Asimismo, Participación Ciudadana aprovechó para insistir con la necesidad de que el Poder Ejecutivo apruebe y promulgue, a través de un decreto, el reglamento de aplicación de la Ley No. 105-13 de Regulación Salarial del Sector Público en la República Dominicana.

Agregó que éste debió estar aprobado por el presidente de la República, Danilo Medina, dentro de los seis meses a partir de la entrada en vigencia de la ley, sin embargo, 36 meses de la promulgación de la Ley, «aun no tenemos Reglamento de Aplicación».

«La no aplicación de la Ley solo sirve para los que ostentan el poder, se aprovechen y la apliquen de manera selectiva, incrementando la distorsión, el desorden y los privilegios», puntualizó.