El movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana informó ayer que se detectó una serie de irregularidades  en la auditoría realizada  al contrato intervenido entre la Junta Central Electoral y el Consorcio SOMO para el Proyecto de Automatización del Registro del Estado Civil, Registro Electoral y Proceso Electoral de la JCE.

Un comunicado del Consejo Nacional de Participación Ciudadana explica que el indicado informe hace referencia a una serie de irregularidades en los procesos de contratación, ejecución y pagos, y deja enormes dudas sobre la transparencia con que fue llevado a cabo, incluyendo el hecho de que la JCE fue condenada por un tribunal arbitral a pagar una suma superior a la que efectivamente debía, sin haber hecho la debida diligencia por defenderse.

Igualmente, la entidad destaca el hecho de que se convocara a una licitación para ejecutar el proyecto sin que se determinaran previamente las necesidades reales que justificaran la implementación del mismo, ni que constara por escrito el soporte  técnico que sirviera a los Términos de Referencia para solicitar propuestas de posibles proveedores de productos y servicios, lo cual se considera un componente vital en la administración de proyectos que son exitosos.

En este sentido, Participación Ciudadana hace un llamado a los organismos públicos vinculados a las áreas de prevención, investigación y persecución de la corrupción, así como al Senado   en su calidad de ente responsable de la designación de los miembros de la Junta Central Electoral, a que estudien minuciosamente los resultados de la referida auditoría.

Resultados auditoría

La auditoría revela un deficiente manejo por parte de la JCE (2002-2006) de todo el  proceso que condujo a la licitación. Señala que “no se determinaron ni plasmaron en un documento las necesidades reales para la implementación del proyecto. Hubo una falta de claridad en las definiciones de los términos de referencia y no fueron aplicados bien. Faltaron datos sobre el alcance del concepto “llave en mano”, especificaciones de volúmenes de información a procesar y digitalizar de los libros del Registro Civil, garantías y otros aspectos.  Las firmas de abogados que hicieron la auditoría  RSM Bogarín, Erhard, Padilla, Alvarez & Martínez, Soriano & Asociados y Pellerano y Herrera revelan   que se encontraron diferencias por US$4,015,000 entre los importes de la oferta inicial y los incorporados en el contrato. SOMO se comprometió a gestionar un financiamiento internacional para la ejecución del proyecto, pero al final  la JCE  tomó un préstamo al Banco de Reservas por US$35 millones.