El movimiento Participación Ciudadana consideró ayer que el país  registró este año un deterioro de la institucionalidad, aunque reconoció las decisiones de la justicia sobre los casos  bancarios.

El coordinador general de Participación Ciudadana, Francisco Checo, dijo que una nota negativa ha sido la suerte seguida por los casos Peme y  de Angel Lockward, embajador en Colombia,  donde el ministerio público desistió de las persecuciones penales por razones políticas.

Consideró bochornoso el caso de la  ex directora de Aduanas, Anisia Rissi, descargada por haberse extraviado el expediente y las pruebas en su contra.

Expresó que la remodelación del Palacio de Bellas Artes refleja dudas, debido a la duplicación del presupuesto original.

Exhortó a la Cámara de Cuentas hacer  las investigaciones de lugar sobre esa construcción.

Dijo que la práctica política partidarista alimenta la impunidad.

Puso como ejemplo las declaraciones de Euclides Gutiérrez Félix, según las cuales una decisión política del gobierno había impedido que  sometieran a la justicia más de 40 casos de corrupción de la administración de Hipólito Mejía.

Indicó que eso  envía un mensaje deprimente en relación con la lucha contra la corrupción. “Nosotros quisiéramos que esos 40 casos  fueron dados a conocer”, dijo Checo.

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Pobre papel

1. Criticó el pobre papel desempeñado por la Dirección de Persecución de la Corrupción Administrativa y la Comisión Nacional de Etica, las cuales no se han caracterizado por su ineficacia en el combate de ese flagelo.

2. Fustigó que los miembros de la Cámara de Cuentas fuesen nombrados por simple interés político partidario.

 3.  Reiteró que la Suprema Corte de Justicia debió hace mucho tiempo emitir su fallo sobre el caso de  la Sun Land,  pospuesto para  hoy.