El movimiento cívico Participación Ciudadana consideró hoy que la falta de un marco regulatorio efectivo, sumada a la complejidad de los venideros comicios presidenciales, congresuales y municipales, crea múltiples riesgos de que actores del narcotráfico y el crimen organizado financien parte de los gastos de los candidatos y partidos políticos, con el interés de conquistar cuotas de poder en las estructuras del Estado.

La coordinadora general de la organización, Josefina Arvelo, habló del tema al dar apertura al panel “Lavado de activos y financiamiento político”, realizado en el salón Julio Ravelo de la Fuente de la Universidad Intec.

Arvelo indicó que el actual esquema de financiamiento permite que los partidos y candidatos reciban recursos privados sin ningún tipo de control, situación que a su juicio abre las puertas del lavado de activos que condiciona el funcionamiento de la estructura del Estado, deforma la competencia electoral y el sentido de la representación las bases mismas del sistema
democrático.

“Para evitar la captura del Estado y que los recursos provenientes de fuentes ilegales financien los partidos políticos y romper los vínculos entre la delincuencia política y el crimen organizado, la ciudadanía debe asumir mayores niveles de compromiso y responsabilidad para controlar un sistema de partidos políticos dependiente de la corrupción, el fraude y el
dolo”, agregó.

Señaló que la alta posibilidad de que el crimen organizado internacional penetre el sistema de partidos a través del financiamiento, representa una verdadera amenaza a la seguridad
nacional, y “un verdadero atentando contra la soberanía, independencia, libertad y seguridad del territorio de la nación».

El panel “Lavado de activos y financiamiento político” se llevó a cabo en coordinación con el Centro de Gobernabilidad y Gerencia Social del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (CEGES-INTEC), en el marco de su proyecto de Observación Electoral 2016.

En la actividad participaron el procurador antilavado de activos, German Miranda Villalona; el consultor y especialista en Anti-Lavado de Activos, Heiromy Castro, y el politólogo y economista Javier Cabreja.