El movimiento cívico Participación Ciudadana (PC) se opone a que el delito de corrupción en el Estado se castigue con pena menor, de 2 a 3 años, como lo prevé el proyecto de Código Penal y exige castigo para la sobrevaluación ilegal para la contratación de las obras públicas, tipo penal que quedó excluido en el proyecto de Código que conocen los diputados.