La lucha contra la corrupción en la República Dominicana «solo son letras muertas, discursos vacíos para engañar a la ciudadanía, donde las leyes se acatan y no se cumplen».

Las declaraciones fueron expresadas por la directora ejecutiva de Participación Ciudadana, Rosalía Sosa Pérez, a propósito de la variación anoche de la medida de coerción de prisión preventiva por garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida a los imputados Víctor Díaz Rúa y Ángel Rondón, involucrados en el caso Odebrecht.

Sosa Pérez indicó que habría que preguntarse si los supuestos para imponer la prisión preventiva por el juez de la Instrucción Especial Francisco Ortega Polanco, han sido modificados.

«Asumimos que la imposición de la prisión preventiva se basó no solo por el peligro de fuga para no someterse al procedimiento, sino que además existen pruebas suficientes de causa probable de ser autores o cómplices y podrían poner en peligro el proceso de investigación obstaculizando la averiguación de la verdad», enfatizó.

Lamentó que el «garantismo penal» solo se aplica a “los poderosos, a los que tienen vínculos con los poderes del Estado y a aquellos que aportan dinero, mucho dinero, en el financiamiento de la política y a sus candidatos que mañana tendrán el poder para eximirlos de responsabilidad por sus actos ilícitos».

Sostuvo que una muestra es que las cárceles dominicanas están sobrepobladas de personas pobres, quienes a su juicio ni siquiera se le aplica una medida alternativa para la solución al conflicto penal.

«Somos partidarios de un derecho penal mínimo pero esto no significa que se sustente en la impunidad de aquellos que han hecho de los recursos públicos una fuente ilícita de su patrimonio», dijo.

Grave daño. Sosa Pérez consideró como necesario sancionar a los comportamientos que suponen un grave daño a la vida en sociedad para que surta efecto disuasivo, en particular a la corrupción la cual socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra los derechos de las personas, contra el orden moral y la justicia.

Manifestó que el sistema de justicia se pone a prueba precisamente en casos donde se procesan personas con poder económico y político, donde el principio de igualdad en la justicia de que “todas las personas son iguales ante la ley” es una quimera.

«El caso Odebrecht es un proceso de corrupción donde la empresa admitió pago de sobornos a representantes, funcionarios públicos y sus relacionados, por más de $92 millones de dólares para ser beneficiados en la contratación y adjudicación de obras del Estado, y hasta la fecha somos el hazme reír por la impunidad manifiesta», subrayó.

La directora ejecutiva recordó que la República dominicana es signataria de dos convenciones internacionales contra la corrupción, la de la OEA y de la ONU, de las cuales el Estado dominicano y todos los poderes públicos están comprometidos a prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción pública y privada.

Exhortó a la ciudadanía a no descansar en la prevención y lucha contra la corrupción porque en este caso no sólo se ha puesto en juego la confianza y legitimidad de la justicia, la igualdad de trato de todas las personas ante la ley, sino que afecta los derechos de las personas y profundiza el deterioro moral de la sociedad dominicana.