“El proceso electoral fortaleció a la Junta Central Electoral y a la democracia”

El Coordinador General de Movimiento Participación Ciudadana, doctor Erick Hernández Machado, consideró como un gesto democrático la decisión del reelecto presidente Luis Abinader de reunirse con Leonel Fernández y Abel Martínez, con los cuales compitió en las elecciones presidenciales del 19 de mayo.

Entrevistado por el periodista Federico Méndez, en el programa Esferas de Poder, que se transmite los domingos de 8:00 a 9:00 de la mañana, por RNN Canal 27, resaltó la importancia de que se definen cuáles serán las agendas congresuales que deben afrontarse, a partir del 16 de agosto.

“La actitud de concertar, aún teniendo la mayoría, se llama legitimar las acciones, poco podría cualquier gobierno de cualquier país, abusar de mayorías, dejando a los partidos de oposición sin participación”, adujo.

Consideró que el hecho de que la oposición participe y sea consciente de los proyectos de leyes que se aprueben, es una legitimación democrática y un paso de avance a un Estado de derecho consensuado, en relación con todas las fuerzas políticas.

“En definitiva, la política no es necesariamente llevar a cabo lo que es una sola voluntad, sino que se necesita consensuar, aunque esté en minoría, para que sea una expresión y una legitimación misma de todas las fuerzas políticas mayoritarias y minoritarias”, agregó.

Hernández Machado fue preguntado acerca de la decisión del reelecto presidente Luis Abinader, de reunirse con los excandidatos presidenciales Leonel Fernández y Abel Martínez, con los cuales compitió en los comicios del 19 de mayo.

“Debo verificar que a lo interno de Participación Ciudadana todavía no hemos valorado esa situación, pero puedo adelantar que es un elemento importante sobre la democracia participativa”, significó.

El activista social entiende que deben afrontarse las preocupaciones de las necesidades propias que se han venido desarrollando desde hace cuatro años, de fortalecer la independencia y eficiencia del Ministerio Público y del Poder Judicial.

“Desde lo interno de Participación Ciudadana ha sido una preocupación permanente sobre la duración de los procesos, porque muchos de esos procesos que hemos visto que se han iniciado, desde el PEPCA, están la mayoría en el límite de la duración máxima del proceso, y eso nos preocupa”, puntualizó.

Machado Santana afirmó que es innegable que ahora se está hablando de un Congreso Nacional con una mayoría incuestionable, incluso, para la aprobación de leyes orgánicas, porque el Partido Revolucionario Moderno cuenta con más de las dos terceras partes de legisladores en ambas cámaras.

Destacó la madurez del liderazgo político del país, luego de las elecciones del 19 de mayo, que transcurrieron en paz y tranquilidad.

Destacó lo acertada de la puntualidad de la JCE en dar a conocer el primer boletín y la aceptación por parte de los principales partidos políticos de este proceso.

“Una de las debilidades del sistema era muchas veces esa larga espera, pero por la logística presentada por la Junta Central Electoral fueron muy puntuales la emisión del primer boletín, hecha por el presidente de la JCE”, adujo.

“En sentido general, podemos decir que el proceso fortaleció la institución, fortaleció el proceso democrático y, realmente, son experiencias que debemos de mantener y, porque no, replicarlas en cuatro años, mejorando aún más”, acotó.

El vocero de la sociedad civil dijo que la JCE fue enmendando situaciones, fue receptiva y mejoró los procesos. Machado Santana reconoció que el Pleno del organismo se preocupó en el aspecto logístico y la ejecutoria en el día de las votaciones.

Indicó que los 1,600 observadores itinerantes de Participación Ciudadana reportaron 967 colegios electorales donde se detectaron “prácticas no deseadas por parte de personas que tenían preferencias políticas”, agregó.

Citó esas prácticas como el proselitismo, intento de compra y compra de votos, así como la nueva modalidad de tener una casa cerca del colegio electoral que sirve como ayuda o plan para ejecutorias y logísticas.

“Eso hablamos de que se detectó en un 30% de esos 900 reportes que se recibieron y se le asignaba un porcentaje a cada uno de los partidos en los que tuvieron participación en esos elementos de proselitismo, de intentos de compra de votos y eventualmente de concentración de sus personas indicadas en los colegios electorales”, subrayó.

Los candidatos deben rendir cuentas de los recursos recibidos para la campaña

El Coordinador General de Movimiento Participación Ciudadana, doctor Erick Hernández Machado, afirmó que luego de las elecciones, se entró a una fase donde los partidos políticos deben rendir cuentas de los recursos asignados.

Aunque no hay un cálculo preliminar de los gastos de los partidos y los candidatos, dijo que la Junta Central Electoral adelantó RD$5,000 millones de lo que le quedaba a los partidos como presupuesto de fin de año.

“En cumplimiento de la normativa electoral, estamos en una fase en que los partidos políticos tienen que hacer rendición de cuentas de todos los fondos públicos asignados, mediante el sistema de fiscalización electoral”, precisó.

El dirigente de la sociedad civil sostiene que, aunque no son se trata de disposiciones de carácter coercitivo, pero son medidas estipuladas por la ley para un cumplimiento voluntario de los partidos políticos.

Observó que la Junta Central Electoral (JCE) les ha facilitado a las organizaciones políticas esa rendición de cuentas, creando una sección en la página Web donde pueden acceder directamente y llenarla como si se tratase de una hoja de un estado financiero.

“Para las elecciones municipales era una situación un poco improbable, porque eran más de 19,000 candidatos, ahora tenemos 1,700 candidatos que deben de rendir cuentas”, apuntó.

Especificó que el Departamento de Fiscalización de la JCE lo que hace es una revisión aleatoria de todo lo que recibe y evalúa desde el punto de vista financiero su presentación adecuada.

Asimismo, dijo que el cumplimiento regular, si se estima necesario, puede ser enviado al órgano sancionador administrativo.