Hoy 
POR ODALIS MEJIA
El grupo cívico Participación Ciudadana solicitó a la Junta Central Electoral (JCE) que prohíba los actos públicos y repartición de bienes del gobierno que puedan servir de promoción a la candidatura del presidente Leonel Fernández durante los 90 días de la campaña electoral antes de las elecciones del 16 de mayo del 2008
Mediante una carta enviada al presidente de la JCE, Julio César Castaños Guzmán, Participación Ciudadana llamó también a limitar la cantidad de publicidad que pueda hacer cada partido y candidato en los medios de comunicación y las vías públicas en aras de evitar que el dinero «apabulle» la conciencia ciudadana y contamine el medio ambiente.
Expuso que debe haber particular reglamentación y atención al uso de los medios de comunicación en manos del Estado, sobre todo ahora que son múltiples por las incautaciones derivadas de las quiebras bancarias de 2003.
Respaldó que la JCE convoque a los partidos políticos para que cumpla con el límite de 90 días de campaña y que se acuerde la prohibición de toda promoción de candidaturas hasta que inicie formalmente el período electoral.
«La extensión, sin precedentes, que esta vez han tenido los procesos de elección de candidatos en los principales partidos, el desbordamiento de sus alcances que los han convertido en verdaderas campañas nacionales y las enormes sumas invertidas han escandalizado y obligan a establecer límites al proselitismo para las elecciones a celebrarse dentro de un año», expresa la misiva firmada por los cinco miembros del Consejo Nacional de la entidad.
Saludó a la JCE por sus propósitos y esfuerzos concretos de aplicar la Ley Electoral, reglamentar lo concerniente a las elecciones primarias de los partidos y hacer transparente el financiamiento de las actividades partidistas.
En ese contexto consideró un precedente de extraordinario valor la reciente decisión de la Cámara Administrativa de la JCE de reprobar la publicación de un mensaje de promoción presidencial de un precandidato (Amable Aristy Castro) a nombre de un organismo del Estado. Recomendó que es fundamental dar seguimiento al caso hasta comprobar que se hayan realizado las rectificaciones dispuestas.
Recordó los planteamientos del monseñor Benito de la Rosa y Carpio sobre los efectos perniciosos para la institucionalidad democrática que conllevan las extensas y costosas campañas electorales dominicanas en virtud de que se celebran elecciones cada dos años.
