El movimiento cívico Participación Ciudadana rechazó ayer el artículo 27 del proyecto de modificación de la Ley Electoral aprobado el pasado viernes 23 por el Senado de la República y apoyó la posición y preocupación de la Junta Central Electoral (JCE) sobre la pieza que le quitaría autoridad.

Pidió a la Cámara de Diputados corregir los errores y llamó la atención del presidente Luis Abinader y del liderazgo político para que conviertan en realidad sus promesas y pretensiones de contribuir a la democracia y el fortalecimiento institucional de República Dominicana.

Sobre el artículo 27 de la referida pieza, dijo que “se trata de una maniobra para inutilizar a la JCE, sometiéndola a una supervisión institucionalizada y permanente de los partidos políticos de todas las decisiones y planes del órgano electoral, violando las facultades que le otorga el Artículo 212 de la Constitución de la República”.

Consideró que esa propuesta debe ser rechazada rotundamente por todos los sectores que abogan por el avance electoral y democrático en el país.

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Advirtió que de aprobarse lo propuesto por el Senado los partidos políticos serían una especie de junta de directores que mensualmente, en los años electorales y cuatrimestralmente en los no electorales, supervisaría y tendría facultad para aprobar o rechazar, aplicando censura previa a las decisiones de la Junta Central Electoral.

Entre los puntos que se cuestionan, porque no fueron cambiados por los congresistas en la recién aprobada modificación a la Ley Electoral, están los topes de los gastos de campaña por partido y candidatura, que actualmente son altos.

Añade que la propuesta de la JCE, presentada en el mes de abril de este año plantea una escala de gastos más razonable y acorde con la economía del país. “Naturalmente esta propuesta fue ignorada por los senadores”.

Otros de los puntos cuestionado es las contribuciones individuales que pueden recibir los candidatos son muy altas y que los congresistas no variaron.

Además la obligación de los candidatos de presentar informes de gastos; avances y garantías en la paridad de género horizontal y vertical en las listas de candidatos y candidatas; la fórmula de repartición de escaños.

También sanciones a la violación de los topes y el incumplimiento a la presentación de informes, pues dejar esas violaciones fuera de los delitos electorales, el Senado no contribuye a que se avance”, pues no implican consecuencias, indica.