La asociación de jueces y juezas debe contribuir a fortalecer al Poder Judicial siempre que  excluya la política partidaria y no sea utilizado en perjuicio de los usuarios del sistema de justicia.

Participación Ciudadana saluda los procesos de formación de Jueces Dominicanos para la Democracia y de la Asociación Nacional de Jueces de la República Dominicana, dos asociaciones en gestación que pretenden reunir a los jueces del país y orientarlos a acciones que contribuyan al fortalecimiento del Poder Judicial.

El Movimiento Cívico destaca el derecho a asociarse es parte intrínseca de la democracia y dimana de la propia Constitución, por lo que mal podría rechazarse por ser sus integrantes jueces del país.  Por el contario, este derecho ejercido correctamente debe contribuir al cumplimiento de la Ley de Carrera Judicial  y los reglamentos que la complementan y  a proteger la independencia funcional de los jueces, tanto de las amenazas  externas como de las internas, lo que redundaría en beneficio de toda la sociedad.

Señala que estas asociaciones pueden servir de contrapeso a la natural  influencia que ejerce la Suprema Corte de Justicia a lo interno del Poder Judicial, y de manera particular a lo interno del Consejo del Poder Judicial, haciendo más eficaz la descentralización que se ha pretendido con la creación de éste último órgano.

Sin embargo,  Participación Ciudadana advierte del peligro de fraccionamiento de los jueces y juezas si se crean asociaciones en busca de intereses particulares. Igualmente advierte que el principal peligro que enfrentarán estas asociaciones serán los esfuerzos de los partidos políticos y de grupos de intereses ajenos a la justicia por controlarlas, como ha acontecido en otros Gremios. El partidismo político representa un cáncer para la justicia y  toda la sociedad debe estar vigilante de que estas asociaciones no se conviertan en vehículos para diseminarlo por todo el aparato judicial.

La Organización No Gubernamental agregó que igualmente, el Consejo del Poder Judicial debe convertirse en garante de que los jueces y juezas que han tomado la iniciativa de formar estas asociaciones, o de formar parte de ellas, puedan ejercer tales derechos sin retaliación ni persecución de ningún tipo y esperamos que no sean ciertas las denuncias de posibles traslados de jueces y juezas por estas razones.

PC dice confiar en que las asociaciones de jueces y juezas puedan actuar con total transparencia y alcancen la credibilidad necesaria para convertirse en protagonistas y no simples observadores, de  la segunda ola del proceso de reforma judicial, sobre todo en momentos en que los avances logrados en el Poder Judicial se encuentran en serio peligro.