Participación Ciudadana responsabiliza al PRM de aprobación Código penal que «protege la corrupción»

Participación Ciudadana responsabiliza al PRM de aprobación Código penal que «protege la corrupción»

Participación Ciudadana

El movimiento cívico Participación Ciudadana, responsabilizó al liderazgo del
Partido Revolucionario Moderno de la aprobación de un Código Penal que
protege la corrupción estableciendo límites a su enjuiciamiento, vulnera
derechos fundamentales de mujeres, niños y minorías bajo el falso argumento
de querer modernizar un instrumento legal como el que actualmente nos rige,
sin importar el precio que haya que pagar.


La organización cívica indica que la dirección del partido de Gobierno no se
puede escudar en el carácter corporativo del congreso para disminuir su
responsabilidad en una legislación que de aprobarse llevaría el país a la norma
de estados teocráticos que hoy en día son parias internacionales. Por esta razón
hacemos un llamado al presidente de la Republica Luis Abinader a que cumpla
con su palabra y ejerza su liderazgo en la bancada de su partido.


El proyecto de Código Penal aprobado en el senado y aprobado ahora en primera
lectura en la Cámara de diputados establece una prescripción de 20 años a los
delitos de corrupción violando la norma constitucional y la jurisprudencia
prevaleciente.


“La corrupción se ha convertido en un problema mayor en nuestro país,
llevándose importantes recursos públicos que impiden atender adecuadamente
la salud del pueblo dominicano, por lo que debería colocarse al lado de los
crímenes de lesa humanidad y hacerse imprescriptible, lo que es permitido por
el artículo 146 constitucional”, expresa el documento del Consejo Nacional de
la organización.


“Los diputados acaban de aprobar un proyecto que en realidad esconde en su
articulado disposiciones excluyentes, discriminatorias y obsoletas que en nada
representa un estado social, democrático y de derecho”, enfatizó el Consejo
Nacional.


Para Participación Ciudadana resulta absurdo que se argumente la necesidad
de modernizar la norma penal, y al mismo tiempo se penaliza el aborto sin
tomar en cuenta las tres excepciones que han sido acogidas en la mayor parte
de los países del mundo; cuando la vida de la madre esté en peligro, cuando el
embarazo haya sido el resultado de violación o incesto o cuando el embrión
viene con malformación incompatible con la vida científicamente comprobada.


La organización asegura que el Estado está en la obligatoriedad de proteger la
dignidad, integridad, libertad, seguridad personal, libre desarrollo de la
personalidad a la mujer, y corresponde al Congreso Nacional sentar las bases para alcanzar tales fines. Pero que también hay que reconocer que se trata de
un tema que afecta la salud y la vida sobre todo de las mujeres más
desfavorecidas que están en una condición de total indefensión.


Hace tres años el proyecto de Código Penal aprobado en la Cámara de diputados
obviaba derechos de las mujeres reconocidos en más de 190 países, ahora el
proyecto aprobado en el senado violenta además los derechos de niños, niñas y
adolescentes, lo que ha obligado a decenas de organizaciones nacionales e
internacionales a dar un grito de alarma ante este retroceso institucional
expresa el documento.


Un segundo aspecto que en el concierto de naciones nos coloca como país en
una situación vergonzosa es el artículo que penaliza la discriminación, y que
originalmente incluía la penalización de la discriminación por género o por
orientación sexual.


“Es importante recordar que el artículo 39 de nuestra Constitución trata sobre
el Derecho a la Igualdad y junto con el numeral 1 claramente indica que “Todas
las personas nacen libres e iguales ante la ley, reciben la misma protección y
trato de las instituciones, autoridades y demás personas y gozan de los mismos
derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones
de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares,
lengua, religión, opinión política o filosófica, condición social o personal. En
consecuencia: 1) La República condena todo privilegio y situación que tienda a
quebrantar la igualdad de las dominicanas y los dominicanos, entre quienes no
deben existir otras diferencias que las que resulten de sus talentos o de sus
virtudes”, advirtió el movimiento cívico.