El movimiento cívico no partidista y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, Participación Ciudadana (PC), indicó que la Junta Central Electoral (JCE) debe actuar con energía ante las objeciones del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y el Partido Revolucionario Moderno (PRM), a los mecanismos de control de los recursos de precampaña que intenta aplicar el organismo electoral por mandado de la ley.

«Recientemente el presidente de la JCE, Julio César Castaños Guzmán, informó que la institución que preside ha desarrollado una herramienta para facilitar que los precandidatos de los partidos hagan la declaratoria de gastos en el período correspondiente a la precampaña, y por esa vía controlar, además, los topes de gastos y de contribuciones que han sido legalmente establecidos. Apuntó que se dispondrán de métodos de fiscalización contables y financieros para determinar la veracidad de la información que sea suministrada. Con estas medidas la JCE apenas comienza a aplicar una serie de disposiciones de control financiero contenidas en la Ley de Partidos, que incluye no solo el control del gasto sino además de los ingresos, identificando a cada uno de los contribuyentes con sus nombres, apellidos y monto aportado. En los próximos días se aprobará el reglamento correspondiente», indica PC en una nota de prensa.

El Consejo Nacional de PC sostuvo que el PLD y el PRM han unido sus esfuerzos para reducir la indispensable transparencia con que deben manejarse las captaciones de recursos y el gasto en la precampaña, y han presentado un documento conjunto que, de acogerse, implicaría claras violaciones a la Ley de Partidos.

“Resulta sorprendente, además de decepcionante, que el PLD y el PRM hayan manifestado a la JCE que el suministro de información financiera de precandidatos y partidos ocurra a partir del 22 de agosto, fecha límite para inscribirlos, cuando la precampaña tiene una fecha legalmente establecida, que es el siete de julio. Con esta solicitud están proponiendo que se les permita no declarar los fondos recibidos y gastos realizados durante los 46 días transcurridos entre el siete de julio y el 22 de agosto, lo que es ilegal, pues el artículo 41 de la Ley de Partidos señala claramente que la precampaña inicia el siete de julio y los topes de gastos y de contribuciones establecidos en dicha ley abarcan todo el período de la precampaña”, expresó.

Señaló que ambos partidos dejan constancia de “la dificultad que implica la aplicación de esta normativa de la ley”, y que no poseen medios de coerción para garantizar su cumplimiento, lo que parecería implicar una confesión previa de incumplimiento, agregando que debe anotarse que la Ley de Partidos fue aprobada el 13 de agosto de 2018, hace ya más de un año, tiempo que han tenido los partidos y aspirantes a precandidatos para adecuarse a la misma, sobre todo a lo dispuesto en el artículo 71, que refiere a todo el sistema contable que debe existir.

“Los medios de coerción para asegurar el cumplimiento de la ley lo poseen los partidos a través de sus organismos disciplinarios, pero además los tiene sobre todo la JCE, que puede declarar inadmisible una precandidatura y hasta retener los fondos públicos a los partidos que violen las disposiciones que tienen por finalidad controlar las finanzas de los partidos y precandidatos. Participación Ciudadana espera que la nueva Unidad de Control Financiero de los Partidos Políticos comience a rendir informes sobre el trabajo que realiza”, manifestó el Consejo Nacional de PC.