El movimiento cívico Participación Ciudadana (PC) aseguró ayer que el crimen organizado y la corrupción producen una “situación muy explosiva y difícil” que conspira contra la seguridad ciudadana y nacional.
La afirmación fue hecha por el encargado de Transparencia de la entidad, Carlos Pimentel, quien destacó que el país es un puente del crimen organizado, incluidos el narcotráfico y el tráfico ilegal de armas.
Pimentel habló en el marco de un seminario sobre el Impacto del Crimen Internacional y el Narcotráfico y su incidencia en la Seguridad Ciudadana, organizado por Participación Ciudadana, la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) y el Centro de Orientación e Investigación Integral (COIN).
“Los problemas vinculados al narcotráfico y el crimen organizado son profundos, sobre todo por las debilidades institucionales y los niveles de corrupción e impunidad”, planteó el directivo de PC.
Señaló que el país es un trampolín usado por el narcotráfico para llegar a los mercados consumidores como Estados Unidos.
Pimentel dijo además que las autoridades han sido penetradas por el narco, y subrayó que las fronteras nacionales son muy vulnerables ante dicho flegelo.
Recordó que, según el procurador adjunto Antilavado de Activos, Germán Miranda Villalona, hubo unos 20 aspirantes a cargos congresuales y municipales que fueron auspiciados por el narcotráfico.
A propósito de esto, Miranda Villalona dijo por separado que la falta de controles permite que el flagelo apañe a candidatos durante las campañas electorales.
“No hay un control en los financiamientos de las campañas y de los candidatos, ni en la Junta Central Electoral ni en los propios partidos”, observó.
Por tanto, propuso la aprobación de la Ley de Partidos para “evitar toda esa inyección de dinero de fuentes ilícitas”.
Miranda Villalona indicó que la Procuraduría sostiene acusaciones contra funcionarios electos, incluidos regidores.
El funcionario judicial coincidió en que el país es un puente de drogas, usado por el crimen internacional para llegar a otros países.
Igualmente, explicó que el crimen organizado produce efectos invisibles, ya que no implica violencia ni sangre en sí mismo, sino que lava dinero.
Por eso planteó la necesidad de llegar al fondo del problema, para descubrir sus ramificaciones.
Uno de los aspectos más debatidos fue el tema de los bienes incautados a los narcotraficantes.
Al respecto, Manuel Ulises Bonelly resaltó que la Ley de Extinción de Dominio impide que los bienes ilícitos sean heredados por los familiares de los implicados.
Aclaró que el decomiso de esos bienes se hace contra los bienes como tales, y no contra las personas.
El movimiento cívico Participación Ciudadana (PC) aseguró ayer que el crimen organizado y la corrupción producen una “situación muy explosiva y difícil” que conspira contra la seguridad ciudadana y nacional.
La afirmación fue hecha por el encargado de Transparencia de la entidad, Carlos Pimentel, quien destacó que el país es un puente del crimen organizado, incluidos el narcotráfico y el tráfico ilegal de armas.
Pimentel habló en el marco de un seminario sobre el Impacto del Crimen Internacional y el Narcotráfico y su incidencia en la Seguridad Ciudadana, organizado por Participación Ciudadana, la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) y el Centro de Orientación e Investigación Integral (COIN).
“Los problemas vinculados al narcotráfico y el crimen organizado son profundos, sobre todo por las debilidades institucionales y los niveles de corrupción e impunidad”, planteó el directivo de PC.
Señaló que el país es un trampolín usado por el narcotráfico para llegar a los mercados consumidores como Estados Unidos.
Pimentel dijo además que las autoridades han sido penetradas por el narco, y subrayó que las fronteras nacionales son muy vulnerables ante dicho flegelo.
Recordó que, según el procurador adjunto Antilavado de Activos, Germán Miranda Villalona, hubo unos 20 aspirantes a cargos congresuales y municipales que fueron auspiciados por el narcotráfico.
A propósito de esto, Miranda Villalona dijo por separado que la falta de controles permite que el flagelo apañe a candidatos durante las campañas electorales.
“No hay un control en los financiamientos de las campañas y de los candidatos, ni en la Junta Central Electoral ni en los propios partidos”, observó.
Por tanto, propuso la aprobación de la Ley de Partidos para “evitar toda esa inyección de dinero de fuentes ilícitas”.
Miranda Villalona indicó que la Procuraduría sostiene acusaciones contra funcionarios electos, incluidos regidores.
El funcionario judicial coincidió en que el país es un puente de drogas, usado por el crimen internacional para llegar a otros países.
Igualmente, explicó que el crimen organizado produce efectos invisibles, ya que no implica violencia ni sangre en sí mismo, sino que lava dinero.
Por eso planteó la necesidad de llegar al fondo del problema, para descubrir sus ramificaciones.
Uno de los aspectos más debatidos fue el tema de los bienes incautados a los narcotraficantes.
Al respecto, Manuel Ulises Bonelly resaltó que la Ley de Extinción de Dominio impide que los bienes ilícitos sean heredados por los familiares de los implicados.
Aclaró que el decomiso de esos bienes se hace contra los bienes como tales, y no contra las personas.