Participación de las MIPYMES en las Contrataciones Públicas: Oportunidades y Retos

Las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) constituyen un motor económico esencial para las economías de países en desarrollo, como la República Dominicana. Estas empresas generan empleos, fomentan la innovación y dinamizan mercados locales. Su participación en las contrataciones públicas no solo impulsa su crecimiento, sino que también contribuye al desarrollo económico y social. Sin embargo, a pesar de los incentivos legales y económicos, las MIPYMES enfrentan barreras significativas para competir eficazmente en este mercado. Este artículo explora el marco normativo que las favorece, las oportunidades que se presentan, los retos que enfrentan y las estrategias necesarias para maximizar su inclusión.

Marco normativo que favorece a las MIPYMES

La legislación dominicana reconoce la importancia de las MIPYMES en las contrataciones públicas, y por ello, ha establecido un marco normativo que les otorga ventajas competitivas.

Desde el decreto 164-13, se reserva un porcentaje específico de los contratos públicos para MIPYMES. Este marco busca nivelar el campo de juego y garantizar que estas empresas tengan acceso al mercado estatal. Además, se prioriza la participación de mujeres empresarias, empresas lideradas por jóvenes y emprendimientos innovadores, fomentando la inclusión y equidad en el ámbito empresarial.

Sin embargo, aunque estos beneficios son importantes, muchas MIPYMES desconocen su existencia o no cuentan con los recursos para aprovecharlos plenamente. Esto destaca la necesidad de campañas informativas y mayor apoyo institucional para garantizar su efectividad.

Oportunidades para las MIPYMES

La participación en licitaciones ofrece a las MIPYMES un acceso directo a un mercado seguro y de gran escala, que puede transformar su viabilidad y crecimiento a largo plazo.

Impacto económico:

• Incremento en las ventas y estabilidad financiera al asegurar contratos recurrentes con el Estado, como se logra con las adjudicaciones de los procesos que no son de entrega única.
• Ampliación de la base de clientes, aumentando la visibilidad y credibilidad empresarial.

Impacto social:

• Generación de empleo a nivel local, especialmente en comunidades vulnerables. Ejemplo: Las Adjudicaciones de los procesos de los servicios de suministro de raciones alimentarias del almuerzo escolar y su distribución en los centros educativos públicos durante los períodos escolares, llevado a cabo por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE)dirigido a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) nacionales que presenten cocinas instaladas en distintas provincias. Dichas cocinas están distribuidas a nivel nacional y fomentan el empleo en todas las zonas.
• Fomento de la innovación y modernización en los procesos productivos de las MIPYMES.

Adicionalmente, el involucramiento en compras públicas puede funcionar como una «carta de presentación» para futuras oportunidades en el sector privado, posicionando a estas empresas como actores clave en el mercado nacional.

Principales retos y barreras

A pesar de las oportunidades, las MIPYMES enfrentan numerosos desafíos para participar en las compras públicas, entre los cuales destacan:

• Requisitos administrativos complejos: Las MIPYMES suelen carecer de personal capacitado o recursos para cumplir con los procedimientos exigidos, como la presentación de documentos fiscales y financieros.
• Competencia desigual: Aunque existen reservas de mercado, las grandes empresas a menudo dominan las licitaciones debido a su capacidad para ofrecer precios más competitivos o condiciones más favorables.
• Falta de formación: El desconocimiento sobre el marco normativo y las mejores prácticas en compras públicas reduce la capacidad de estas empresas para participar con éxito en las licitaciones.

Propuestas para maximizar su inclusión

Para que las MIPYMES puedan aprovechar plenamente las oportunidades que ofrecen las compras y contrataciones públicas, es esencial adoptar medidas integrales que reduzcan las barreras existentes:

1. Capacitación y asistencia técnica:
   • Implementar programas de formación continua sobre el marco normativo, procesos de licitación y herramientas digitales como el Sistema Electronico de Contrataciones Públicas (SECP).
   • Crear centros de asistencia técnica para acompañar a las MIPYMES en la preparación de sus propuestas.
2. Simplificación de procesos:
   • Reducir la burocracia en los procedimientos de contratación, especialmente para montos menores.
   • Introducir criterios más flexibles para la evaluación de las ofertas presentadas por MIPYMES.
3. Real cumplimiento del avance (20%) en las compras menores:

o   La legislación vigente establece un adelanto del 20% del monto contratado con el objetivo de facilitar la capitalización de las MIPYMES y permitirles cumplir con la entrega del bien o servicio requerido. Sin embargo, en la práctica, este objetivo no se cumple. En muchos casos, los pliegos de condiciones de las Compras Menores exigen una entrega inmediata del bien o servicio, lo que dificulta que las MIPYMES puedan completar los trámites burocráticos necesarios para recibir el adelanto. Esta situación limita la efectividad del mecanismo y pone en riesgo la participación de las MIPYMES en estos procesos.

4. Monitoreo y transparencia:
   • Fortalecer los mecanismos de supervisión para garantizar que los porcentajes reservados para MIPYMES sean realmente adjudicados a estas empresas.

La integración de las MIPYMES en las contrataciones públicas es un paso fundamental para construir un mercado inclusivo y dinámico. Si bien el marco normativo ofrece una base sólida, es imperativo superar los desafíos administrativos, financieros y de formación que limitan su participación.

Al implementar políticas públicas enfocadas en la capacitación, simplificación de procesos y acceso a financiamiento, se puede garantizar que estas empresas desempeñen un papel protagónico en el desarrollo económico y social del país. Un mercado público más inclusivo no solo beneficia a las MIPYMES, sino que fortalece el tejido empresarial, fomenta la competitividad y asegura un uso eficiente de los recursos públicos.

En un país donde las MIPYMES representan más del 90% del tejido empresarial, apostar por su éxito en las compras públicas no es solo una opción; es una necesidad para el progreso sostenible.