La participación activa o pasiva de agentes policiales y militares, ya estén en ejercicio o retirados, es uno de los Ejes Coincidentes identificados en la extensa ola delincuencial que vive la República Dominicana.
Esta triste realidad ha venido agudizándose, entre otras razones, debido a:
– Un crecimiento sistémico del crimen y demás actos delictivos en el país, situación de la que no pueden sustraerse los agentes por ser parte integral del entramado social,
– Insatisfacción de las expectativas económicas de los miembros de cuerpos castrenses, hecho reflejado en el nivel de ingresos de los mismos, que en muchos casos no cubre la canasta básica familiar, falta de planes de viviendas y de facilidades para estudios de descendientes, etc.,
– Ausencia de políticas claras respecto a la metodología de promociones, ascensos, incentivos, entre otros.
Nuestros agentes policiales y militares han perdido uno de sus mayores activos, a decir, la confianza de los ciudadanos, y para recuperarla se deberá, no solo resolver las razones que han provocado esa pérdida terrible, previamente mencionadas, sino también crear una nueva generación de agentes: tecnificada, comprometida, profesionalizada y sobre todo, motivada.
Aunque a nuestros cuerpos castrenses no se les permite deliberar, según el ordenamiento jurídico nacional, éstos padecen las mismas precariedades de los ciudadanos comunes, por lo que la realidad de sus miembros debe ser abordada tomando en cuenta que quienes salen a las calles a tratar de garantizar la seguridad de la ciudadanía dominicana, también son impactados por los males propios de la nación.
En cuanto a los agentes puestos en condición de retiro, las autoridades deben crear un mecanismo que les permita tener conocimiento de las actividades que éstos desarrollan, por lo menos cinco años después de su separación de las instituciones castrenses, para así evitar que personal especializado, se ponga al servicio del crimen.