Madrid. Distintos casos de corrupción que apuntan hacia el Partido Popular (en el poder, centroderecha) han generado un escenario político inusual, en el que la formación que ganó las elecciones hace menos de dos meses ve alejarse cada vez más sus posibilidades de gobernar y su imagen dañada.

Hoy el partido padece la resaca de la dimisión de la más mediática de sus dirigentes, la líder de la región de Madrid y exministra Esperanza Aguirre, por la implicación de su exnúmero dos -actualmente en la cárcel- por la supuesta financiación ilegal de la formación.

Las elecciones del pasado 20 de diciembre dieron como ganador al PP con 123 diputados, seguido por el socialista PSOE con noventa, y los dos partidos emergentes y nuevos en el Congreso, Podemos, con 69 escaños; y Ciudadanos, con cuarenta, mientras que el resto se reparten entre fuerzas nacionalistas.

En una Cámara formada por 350 escaños y una mayoría fijada en 176, los 123 escaños del PP podrían haber bastado para atraer a otras fuerzas y permitir la reelección del actual presidente en funciones, Mariano Rajoy, pero los numerosos casos de corrupción que salpican a la formación hacen que ninguna otra quiera establecer alianzas.

Mientras, los socialistas tienen la vista puesta en el 2 de marzo, la fecha de investidura de su candidato, Pedro Sánchez, que cada vez se ve con más posibilidades de aglutinar el apoyo parlamentario suficiente para sacar encabezar un gobierno estable, a pesar de contar con los peores resultados de las últimas tres décadas.

Junto con el caso de corrupción de Madrid, la región de Valencia destapó hace un par de semanas un caso de blanqueo en el corazón del PP de la ciudad de Valencia, en el que 80 personas están investigadas, de las una veintena son responsables o exresponsables políticos locales.

Estos días se celebra también el juicio por el supuesto desvío de fondos públicos de la región de Baleares durante el gobierno del PP, en el que está imputado el expresidente de la región -en la cárcel por otros casos de corrupción- y el cuñado y la hermana menor del rey Felipe VI.

Pero sin duda, la operación que más directamente afecta al partido es el Caso Bárcenas, en el que está el propio partido está investigado por el supuesto borrado de los ordenadores de su extesorero, Luis Bárcenas, que supuestamente contenía información sensible sobre una contabilidad opaca del PP.

Este caso afecta directamente a Rajoy, que según desveló un medio, envió mensajes de ánimo al exdirigente cuando estaba detenido con contenidos como “Luis sé fuerte».

Aunque nadie cuestiona abiertamente a Rajoy, la dimisión de ayer de Aguirre reaviva el debate sobre su propia marcha, con la que el partido podría dar una imagen de regeneración y cerrar una etapa marcada por la corrupción.

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, dijo hoy que la dimisión de la presidenta del Partido Popular de Madrid “no es extrapolable” a Rajoy.

Un alto dirigente del partido, Javier Maroto, reconoció hace unos días que el partido “ha tolerado conductas absolutamente intolerables e inadmisibles” y añadió- “Hasta aquí hemos llegado, caiga quien caiga».

Otra dirigente de la ejecutiva del partido, Anrea Levy, aseguró recientemente que espera que los comportamientos descubiertos en sus partidos constituyen un “bochorno” y espera y desea que se depuren todas las responsabilidades políticas y orgánicas que puedan afectar a su partido.