Hoy 
ROSARIO ESPINAL
Entre el 2005 y 2006, los partidos políticos dominicanos recibirán alrededor de mil millones de pesos en subsidios públicos. Este año no electoral se distribuirán 302.8 millones, correspondientes al 0.25% del presupuesto nacional, según lo establece la Ley Electoral 275-97. En el 2006 se distribuirá el doble, 0.50% del presupuesto, por ser un año electoral. El 80% de estos recursos se distribuirá entre los partidos que en las últimas elecciones obtuvieron más del 5% de los votos (PLD, PRD, y PRSC) y el otro 20% entre los demás partidos.
En las últimas semanas se produjeron tensiones y pactos entre líderes de los tres partidos principales por la distribución de ese 80%. La Ley Electoral establecía que los fondos se asignaban a cada partido por los votos obtenidos en las últimas elecciones: a más votos más dinero. Pero los reformistas, que sólo recibieron el 8% de los votos en el 2004, pactaron con los perredeístas del Congreso una modificación a la ley, estableciendo la paridad en la distribución del dinero.
La modificación fue aprobada por el Congreso y enviada al Presidente Leonel Fernández, quien la observó, calificándola de absurda e ilógica. Pocas horas después, sin embargo, los reformistas pactaron con los peledeísta el retiro de la observación presidencial. El 23 de febrero el Presidente Fernández promulgó la modificación que le otorga a los tres partidos la misma cantidad.
Esta nueva fórmula de distribución de los fondos públicos podría considerarse más equitativa que la anterior, pero el contenido de la reforma y la manera en que se realizó presentan problemas que ameritan atención.
Primero, el financiamiento público de los partidos debería representar, por lo menos parcialmente, los resultados electorales pasados porque son recursos del pueblo elector que se distribuyen. Segundo, se demuestra una vez más que cambiar las leyes dominicanas es fundamentalmente cuestión de ventajas, chantajes y pactos de un grupo reducido de líderes políticos. Tercero, la reforma al vapor de la Ley Electoral no tocó los problemas que derivan del financiamiento público de partidos cuando no hay regulación adecuada del financiamiento privado y cuando no existe un organismo del Estado capaz de fiscalizar las finanzas partidarias.
En una democracia, el propósito principal del subsidio público a los partidos es reducir el financiamiento privado para limitar el poder de los grupos económicos sobre el gobierno y facilitar un mayor acceso de la ciudadanía a las autoridades electas. En el caso dominicano eso no se ha logrado. El financiamiento público simplemente se sumó al privado y ambos operan sin las regulaciones debidas.
Veamos: 1) la Ley Electoral 275-97 que en el 1997 estableció el financiamiento público de partidos dejó intacto el financiamiento de personas privadas y no especifica los límites en las cantidades que pueden donarse; 2) el financiamiento corporativo es ilegal pero existe y se desconoce la cantidad que reciben los partidos por esa vía; 3) el uso de los recursos del Estado con fines partidarios es ilegítimo pero se hace incluso de manera descarada; 4) la ley establece mecanismos de fiscalización de los fondos públicos que reciben los partidos, pero no hay institución del Estado que se atreva verdaderamente a auditarlos; 5) los partidos también obtienen dinero del erario público a través de las desvirtuadas ONGs que dirigen los legisladores; y 6) como si todo eso fuera poco, se sospecha que algunos partidos reciben dinero de fuentes ilícitas como el narcotráfico.
Nadie sabe exactamente la cantidad total de recursos públicos y privados que reciben los partidos políticos. Ni siquiera sus dirigentes lo saben, porque además del extenso financiamiento a las organizaciones partidarias, los candidatos reciben aportes que no necesariamente registran en los libros del partido.
Todo este financiamiento sin adecuada regulación y supervisión ha convertido a los partidos políticos dominicanos en un gran negocio: tienen el subsidio más diversificado, constituyen una fuente de empleo para el rápido ascenso económico, no responden adecuadamente ante ningún organismo fiscalizador y validan su existencia en nombre de una democracia que esos partidos no contribuyen a mejorar.
La fiscalización de los partidos políticos es difícil porque además de su poder de coerción y chantaje, tienen un discurso bien elaborado para protegerse de los cuestionamientos públicos y evitar responder a las demandas de transparencia. Definen toda acción de fiscalización como una violación a la libertad de asociación política o como una muestra de revanchismo; además, las organizaciones partidarias se protegen entre sí porque todas se benefician del sistema corrompido en que operan.
Cierto que los partidos políticos son muy importantes en una democracia. Pero para ser parte de la democracia y contribuir a sostenerla, los partidos no pueden operar irresponsablemente haciendo y deshaciendo las leyes en función de sus cálculos y ventajas inmediatas, ni pueden financiarse con tantos recursos públicos y privados sin que existan mecanismos efectivos de control público.
