En el presente año se ha de celebrar elecciones en más de 60 países, lo que refleja que cerca de 2,000 millones de electores acudan a las urnas, representando aproximadamente una cuarta parte de la población mundial, simbolizando la prueba más grande para la democracia en generaciones.

En lo que va transcurrido de año, millones de personas han emitido sus votos en las elecciones de Taiwán, Bangladesh, Rusia, Eslovaquia, Lituania, Pakistán, Finlandia, Portugal, El Salvador, Panamá, y en la República Dominicana, con la reelección del presidente Luis Abinader. Pronto continuarán en Corea del Sur, Sudáfrica, Islandia, Bélgica, Ghana, India, Estados Unidos de América (EUA), México, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Reino Unido, Rumanía, Austria, Mozambique e Indonesia, por señalar algunos casos.

Adicionalmente, estos comicios producirán un cambio considerable en la comunidad internacional y la política exterior, como es el caso del regreso de Donald J. Trump en las próximas elecciones presidenciales de los EUA, las elecciones generales en el Reino Unido que podrían poner fin a 14 años del Gobierno Conservador y las elecciones de México, catalogadas como las más grandes en la historia y que colocan en la mira el futuro de las relaciones multilaterales de esa nación, igualmente 400 millones de electores de la Unión Europea elegirán un nuevo Parlamento Europeo, la cual tiene como función de actuar como Asamblea Legislativa.

Todos estos procesos electorales anteriormente mencionados, sobrellevan un cambio directo en las distintas democracias de las naciones, debido a que los resultados de estas votaciones, transformarán el liderazgo político en los años futuros, según señala el famoso periódico británico The Guardian.

Los partidos políticos son aquellas organizaciones que intervienen en la tarea de que los ciudadanos participen en las elecciones, en vista de que cuando se analizan las funciones que desempeñan los partidos políticos y las razones de su existencia, se hace evidente la estrecha conexión entre ellos y la democracia.

En ese sentido, los partidos políticos son organizaciones integradas por ciudadanos, cuyos propósitos y funciones son de naturaleza pública y se encuentran vinculadas al ordenamiento jurídico del sistema de gobierno y del Estado, por lo cual son asociaciones fundamentales e indispensables de los distintos sistemas democráticos en cualquier parte del mundo. Lo que conlleva una correlación en las palabras de Leandro Alem, político y abogado argentino, el cual señalaba que: “La vida política forma esas grandes agrupaciones, que llámeseles como ésta, populares, o llámeseles partidos políticos, son las que desenvuelven la personalidad del ciudadano, le dan conciencia de su derecho y el sentimiento de la solidaridad en los destinos comunes.”

En las democracias surgen partidos políticos o se forman agrupaciones, en presencia de grandes cuestiones y hechos sociales. Cuando existen diferencias de opinión sobre cuestiones generales de interés vital para el Estado, se forman las organizaciones políticas a medida que los ciudadanos toman alguna posición respecto a ellas.

En el pasado, tales divisiones se creaban a menudo según líneas raciales y religiosas que dividieron a los pueblos en la mayoría de los estados de Europa. En las ciudades griegas y en la República Romana, facciones o partidos controlaban el gobierno, en las ciudades libres de la Edad Media surgieron agrupaciones similares y en todos los estados democráticos modernos los partidos políticos existen en forma de asociaciones.

Los partidos políticos, de alguna forma de organización e influencia, siempre han existido en los sistemas democráticos. En países del Medio Oriente como Catar, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, es evidente que la institucionalidad se encuentra estropeada, el mismo caso sucede en la República de Cuba, en la cual no existe un sistema de partidos políticos consolidado.

En tal sentido, la columna vertebral de los partidos políticos lo constituye el financiamiento público del estado, el cual ha sido un tema controversial y de bastante interés para las democracias modernas, en vista del impacto directo que posee sobre el ingreso y el gasto de las organizaciones políticas. El financiamiento público es vital para la existencia de los partidos políticos y para su operación permanente que incide en la vida política de los ciudadanos.

El financiamiento público debe estar relacionado con la rendición de cuentas y la transparencia, por lo que, las etapas que se atraviesan desde el ingreso hasta el gasto, deben estar reguladas por la ley, a los fines de garantizar la legalidad, la competencia equitativa entre las organizaciones políticas y evitar aquellas acciones que perjudican la democracia representativa, como el dinero proveniente de origen ilícito y la corrupción.

Si bien es cierto que el financiamiento público requiere transparencia sobre el uso de los recursos públicos, el contribuyente de ningún modo estará satisfecho de la asignación del gasto público con relación a las organizaciones políticas, por lo cual, y en lo concerniente al sistema de partidos políticos, se deben desarrollar mecanismos para estimular la responsabilidad en su gasto eficiente y ordenado.

Por otro lado, debe de existir un marco jurídico que regule el financiamiento público de los partidos políticos, en el caso de la República Dominicana, la Constitución de la República establece que la Junta Central Electoral (JCE), como órgano autónomo y con personalidad jurídica, velará porque los procesos electorales se realicen con sujeción a los principios de libertad y equidad en el desarrollo de las campañas y transparencia en la utilización del financiamiento, y en consecuencia, tendrá facultad para reglamentar los tiempos y límites en los gastos de campaña, así como el acceso equitativo a los medios de comunicación.

Ahora bien, la Ley Núm. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, establece en su Artículo 61, la distribución de los recursos económicos del Estado: “La distribución de la contribución económica del Estado a los partidos políticos, agrupaciones y movimientos políticos, se hará conforme al siguiente criterio: 1) Un ochenta por ciento (80%), distribuido en partes iguales entre los partidos que hayan alcanzado más del cinco por ciento (5%) de los votos válidos emitidos en la última elección. 2) Un doce por ciento (12%), distribuido entre todos los partidos que hayan alcanzado más del uno por ciento (1%) y menos del cinco por ciento (5%) de los votos válidos emitidos en la última elección. 3) Un ocho por ciento (8%), distribuido entre los partidos que hayan alcanzado entre cero punto cero uno por ciento (0.01%) y uno por ciento (1%) de los votos válidos obtenidos en la última elección.”

En relación a esto, el Artículo 62 de la referida ley establece que: “Los recursos del Estado que reciban los partidos, agrupaciones y movimientos políticos serán invertidos de la siguiente manera: 1) No menos de un diez ciento (10%) será destinado a los gastos de educación y capacitación atendiendo al contenido del numeral 1), del artículo 38 de esta ley. 2) Un cincuenta por ciento (50%) para cubrir los gastos administrativos operacionales de la organización política (pago de personal, alquiler, servicios y otros). 3) Un cuarenta por ciento (40%) para apoyar las candidaturas a puestos de elección popular de manera proporcional en todo el territorio nacional.”

Asimismo, la violación de estas disposiciones por parte de las organizaciones políticas, constituye un impedimento inmediato para recibir los fondos públicos que les correspondieran de acuerdo con las disposiciones legales establecidas. Respecto a esto, y sobre los objetivos determinados sobre el uso transparente y eficiente del financiamiento público del estado, podemos señalar los siguientes: (1) Generar equidad en el sistema de partidos políticos y la competencia política; (2) Crear independencia del financiamiento privado, y por ende, evitar que las organizaciones políticas recurran a fuentes de financiamiento ilícitas; (3) Apoyo a las organizaciones políticas para que desarrollen sus actividades constitucionalmente establecidas y en consecuencia al desarrollo democrático del Estado; y (4) Exigir a las organizaciones políticas la rendición de cuentas y que operen con transparencia.

En conclusión, el financiamiento público del estado al sistema de partidos políticos resulta necesario, a los fines de que las organizaciones políticas respondan a los intereses de los electores y no a los intereses de particulares. Los partidos políticos nacen como una necesidad social, de representar causas, proponer acciones, garantizar la participación de los ciudadanos en las elecciones y promover la participación en la vida democrática, así como asegurar la voluntad popular y la democracia representativa, sirviendo al bienestar colectivo, el interés nacional y al desarrollo integral de la sociedad.

Es por ello, que los partidos políticos son establecidos como organizaciones de interés público, y por tal razón, a los cuales es preciso otorgar el financiamiento público sobre el financiamiento privado. En ocasiones se ha dicho, que la democracia tiene un precio, y en efecto, lo tiene, el precio de la democracia son los partidos políticos, y por ese motivo, existen sistemas de gobiernos que se encuentran debilitados y deteriorados, en vista de que no cuentan con un sistema de partidos políticos fortalecido, que pueda permitir el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público.