Hoy 
LEONORA RAMÍREZ S.
l.ramírez@hoy.com.do
¿Si otros lo hicieron, por qué no lo podemos hacer nosotros? Ese sólo pronunciamiento puede resumir una de las prácticas más cuestionadas en los procesos electorales de la República Dominicana: el uso de los recursos del Estado en beneficio del candidato del partido oficialista.
Ese acto de sinceridad es de Diógenes Castillo, director de la Oficina Metropolitana de Autobuses (OMSA) durante el gobierno de Hipólito Mejía (2000-2004), quien respondió de esa manera para justificar el traslado, en esos autobuses, de militantes perredeístas que apoyaban la reelección del entonces presidente.
Pero esa es apenas una manifestación sutil del universo de denuncias que se hacen durante la campaña electoral sobre formas, acaso más grotescas, de utilizar el patrimonio público en beneficio de un proyecto político.
Ese mal ancestral de la democracia dominicana tiene la capacidad de desdoblarse, de cambiar de color, y hasta de caer en una suerte de desmemoria en tanto es el contrario el que ostenta el poder.
Quizás por eso las palabras despilfarro, abuso, dilapidación o corrupción salen de la boca de los políticos casi por inercia pero sin mea culpa.
Las muestras. Sólo tomando como referencia las elecciones presidenciales realizadas desde el 2000, se puede percibir cómo varía la torta a partir de la relación de los partidos con el poder.
En tal sentido, los grupos adversos al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) objetaban el respaldo del entonces presidente Leonel Fernández al candidato Danilo Medina.
En la cabeza de las denuncias se hallaba el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), que alertó el 18 de abril del año 2000 sobre el pago de RD$1,306 millones a peledeístas que no trabajaban en la administración pública.
De una denuncia similar se hizo eco, aunque sin entrar en detalles, una Comisión de Seguimiento del Pacto Ético Electoral.
La concepción patrimonial del Estado
Viene de viejo. El politólogo Francisco Cueto entiende que utilizar el dinero del Estado en las campañas políticas es una vieja práctica de los partidos dominicanos, que demuestra el atraso de estos en el contexto de la democracia moderna.
Para Cueto esa realidad demuestra que en la partidocracia criolla existe una concepción patrimonial del Estado y una debilidad institucional por la falta del cumplimiento de las leyes.
Cueto, quien actualemente es el director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), consideró que si bien la sociedad dominicana ha cambiado en los últimos 30 años, todavía los partidos se debaten entre la modernidad y la tradición.
Las ideas de los partidos políticos son tradicionales en la forma de entender su relación con la sociedad y lo público y como tienen una visión patrimonial del Estado no han podido dar ese salto, refirió.
El experto explicó además que la élite política tiene el compromiso de cambiar, pero al existir una ciudadanía débil sus acciones no tienen impacto en la intención del voto de los electores.
Al ser consultado sobre la inercia de la Junta Central Electoral (JCE) ante las históricas y reiteradas denuncias, el politólogo expresó que esa actitud es parte de la misma debilidad institucional que se presenta en el país.
ZOOM
Al doblar la esquina
En los comicios del 2004 el PLD tuvo la voz cantante en el recital de querellas en contra de Mejía, criticando la forma en que el partido oficial manejaba la inversión en propaganda, las dádivas a las personas de menores ingresos para comprar voluntades,y el claro apoyo de importantes militares en la campaña política.
En el 2008 sólo hay que cambiar de partido: el PRD acusa al PLD de manejo irracional de los fondos públicos, de comprar conciencias, de incrementar el clientelismo y de utilizar las peores prácticas políticas.
PIE
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Cuando los perredeistas gobernaron se les criticó exceso de gastos en proselitismo.
