POR FERNANDO QUIROZ
El financiamiento estatal que estableció la Ley Electoral 275-97 convirtió a los partidos políticos en un “nido” de captación de recursos lícitos e ilícitos y de gastos excesivos en campañas, sin que existan organismos capaces de monitorear esos ingresos y gastos, afirmó la socióloga Rosario Espinal.

Espinal, dominicana, catedrática de Temple University, Estados Unidos, advirtió que los partidos y la sociedad civil organizada deben evitar nuevas reformas a la ley electoral para satisfacer intereses partidarios y necesidades coyunturales.

Planteó que la reciente modificación a la ley para cambiar las partidas de los fondos públicos que corresponderán a cada partido político revela que son intereses muy particulares los que motivan generalmente las reformas.

Espinal pronunció la conferencia Reformas electorales y los desafíos de la gobernabilidad democrática en República Dominicana, en la inauguración del seminario Reformas electorales pendientes: fortalecimiento del sistema electoral, que organiza Participación Ciudadana.

Explicó que la legislación dominicana en materia de financiamiento de partidos que rigió hasta 1997 sólo permitía el financiamiento privado de los partidos políticos por parte de personas naturales.

Prohibía, añadió, las deducciones de salarios a los empleados públicos y privados, práctica que utilizó durante la dictadura de Rafael Trujillo de 1930 a 1961, así como en el uso de bienes del Estado para beneficio de los partidos y sus candidatos.

Sostuvo que en la práctica el gobierno otorga múltiples beneficios, sobre todo al partido oficial, vía las exoneraciones o el simple clientelismo estatal.

En la actividad, en el hotel Santo Domingo, participó Elena Brineman, de la Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos (USAID); el coordinador de Participación Ciudadana, Luis Scheker Ortiz y Marcos Villamán, director del Consejo Nacional de Reforma del Estado (CONARE).

Se refirió a la reciente modificación a la ley por el Congreso para beneficiar a los partidos que menos votos obtuvieron en las elecciones presidenciales de 2004, que controlan ese poder del Estado. La ley fue observada por el presidente Leonel Fernández, para luego, estimó, después de negociaciones entre dirigentes partidarios, retirar la objeción.

La socióloga dijo que lo más adecuado en el contexto político dominicano actual sería lograr el afinamiento del sistema electoral de manera que sea más transparente, confiable y efectivo dentro del marco constitucional vigente.

«Esta confiabilidad y transparencia dependerán en gran medida de la legitimidad y eficiencia de la Junta Central Electoral, del mejoramiento del sistema de registro civil y electoral y de la disposición de las élites partidarias de cumplir con las reglas del juego democrático», agregó. 

Advirtió que para iniciar y consolidar un régimen democrático se necesita ideal y vocación democrática, pero también mecanismos capaces de asegurar la «difícil» ecuación entre participación, representación y gobernabilidad.

La historia política dominicana está marcada por el autoritarismo, el personalismo, el continuismo, el reeleccionismo, el presidencialismo y el clientelismo, planteó.

«Es importante que cuando se discutan y se aprueben, las reformas aumenten la credibilidad del sistema electoral, su administración y de los gobernantes que se eligen», puntualizó.

Dijo que los ideales democráticos se enmarcan en la participación política, la representatividad, la consulta, el límite a los períodos electivos y la transparencia electoral.

En estos momentos, entiende, la membresía de los partidos políticos dominicanos está en estado de transformación y todas las organizaciones partidarias tienen el desafío de establecer criterios claros por la incorporación de miembros y sus formas de participación.

Les toca a los partidos, señaló, enfrentar sus problemas internos, vencer el autoritarismo y la manipulación, lograr que se abran oportunidades para los nuevos líderes y articular programas de gobierno para presentarle a la nación en las elecciones.

«Estas son responsabilidades partidarias que no deben traspasarse al electorado en general, porque el papel de la ciudadanía no es elegir candidatos para llenar candidaturas partidarias, sino elegir entre candidatos de partidos para formar gobierno», dijo.

Espinal estimó que en medio de las incertidumbres originadas en las elecciones presidenciales del 2004, la Junta Central Electoral mostró debilidades significativas.

Durante su exposición pasó revista a la celebración de elecciones desde el año 1966, haciendo hincapié en los procesos de 1978 y 1994 y se refirió a los fenecidos líderes Juan Bosch y José Francisco Peña Gómez.

«Aunque la política está siempre definida por intereses específicos y asumir la posibilidad de una acción política sólo en función del bienestar colectivo es casi utópico, en el contexto político dominicano de principios del siglo XXI, reflexionar sobre el contenido e impacto de las reformas electorales implementadas en los últimos años debe ser un ejercicio de compromiso con la democracia», planteó.

CRISIS ‘94

Espinal planteó que la crisis electoral del año 1994 abrió una brecha para que las fuerzas políticas nacionales negociaran una salida aceptable a todas las partes mediante la reforma. Opinó que la intencionalidad de estas reformas era en general adecuada, pero la validez de los objetivos que las motivaron no necesariamente significa que los resultados así sean.

Dijo que desde el año 1994, el tema del fraude electoral había perdido centralidad en las elecciones dominicanas.

Precisó que en las elecciones presidenciales del 1996 y del 2000, así como las legislativas-municipales de 1998 y el 2002, se habían realizado en un contexto de bastante credibilidad, a excepción de algunas disputas que se produjeron en el 2002.

«En la campaña del 2004, sin embargo, las opiniones sobre un posible fraude resurgieron con fuerza, y en las especulaciones y debates sobre el tema se estructuraron dos posiciones opuestas», agregó.