BIENVENIDO ALVAREZ-VEGA
Me parece muy legítimo que quienes están en las actividades partidarias y en los menesteres propios de la política aspiren a conseguir puestos públicos, en caso de que sus partidos y sus candidatos triunfen en las elecciones. Porque hacer lo contrario, es decir, buscar el poder para entregarlo a otros partidos y a otras personas sería un absurdo, una irracionalidad.

La cuestión gravosa para una nación como la República Dominicana está en hacer de la participación en la política y en la vida partidaria la condición más importante para que una persona, al margen de su formación académica y de su experiencia profesional o laboral, ocupe una posición en la administración pública.

Cuando este fenómeno ocurre, quienes lo promueven y auspician desnaturalizan la misión de la administración pública y debilitan la capacidad del Estado para negociar y para tomar decisiones. Y no debe ser así, lógicamente. La administración pública tiene un cometido que debe cumplir a cabalidad, cometido que tiene que ver con la buena gestión de los fondos públicos y con la prestación de servicios tan valiosos como la educación, la salud, el orden público, la defensa de las fronteras, garantizar la diversión y el ocio de los ciudadanos, el suministro de agua potable y el mantenimiento de un sistema vial adecuado.

También compete a la administración público garantizar el suministro del servicio eléctrico y crear las condiciones para que haya estabilidad económica, inversiones y bienestar público.

Y en cuanto al Estado, este tiene que estar servido por funcionarios idóneos para negociar con otros Estados, por ejemplo, tratados políticos, comerciales, aéreos, marítimos, migratorios y de seguridad regional o continental.

Como puede apreciarse, hay razones de orden práctico que permiten afirmar que tanto la administración pública como el Estado reclaman de servidores públicos, empleados y funcionarios, capaces, idóneos, experimentados, honestos y sagaces.

Hay, pues, criterios que tienen que ir más allá del estrictamente partidario para escoger a los funcionarios y empleados de un gobierno.

Quizás la cuestión mágica resida en poder combinar el servicio al partido de que se trate con la capacidad técnica o profesional, la experiencia y la honestidad. Sabemos que es una combinación que no siempre es fácil hacerla, pero la responsabilidad pública de una organización que accede al poder es la del buen gobierno, la de una gestión eficaz y seria.

El criterio según el cual el luchador partidario tiene derecho legítimo a un puesto público es, por lo demás, defendible. Tengo presente que un libro de contenido tan sabio y aleccionador como la Biblia consigna que no debe ponerse bozal al buey mientras está trillando o, como lo dice San Pablo, quien trabaja en el altar debe vivir del altar.

La tradición sacerdotal judía muestra, según las descripciones del Antiguo Testamento, que los sacerdotes que servían en el templo  –los levitas–  recibían una parte de las ofrendas y vivían de las mismas.

Además de las ofrendas por los pecados, por las transgresiones, por la comida y por la paz, los sacerdotes recibían los primeros frutos del trigo, la vid, la higuera, la cebada, la miel y el olivo, y el diezmo.

La metáfora y la lección encerrada en la expresión paulina sobre trabajo en el altar y vivir del altar, también sirve para los partidos y los políticos. Pero hay que hacerlo con idoneidad, sin poner en peligro la misión de la administración pública y del Estado.

En la experiencia dominicana habría que considerar, además, el peso que para la economía significa una abultada nómina que responde más a las prácticas clientelares de los partidos políticos que a las necesidades gubernamentales. Dos mil millones de pesos mensuales para el pago de empleados es una suma respetable.

—————-
bavegado@yahoo.com