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La Junta Central Electoral (JCE) y los partidos políticos tratarán este martes en una cumbre las regulaciones de la precampaña y campaña electoral del próximo año 2024.
El encuentro que está pautado para las 10:00 de la mañana en la sede electoral, estará encabezado por el pleno de la JCE, acompañado de los representantes de las áreas de ese órgano vinculadas con la organización de las elecciones y al cumplimiento de las disposiciones que establecen las reglas previo a los comicios.
Además, participarán presidentes, secretarios y delegados de las organizaciones políticas que, conforme a la ley y sus estatutos, hayan definido precandidaturas o tengan aspirantes en el nivel presidencial.
Objetivo de la cumbre
En una comunicación enviada por la JCE, se destaca que el objetivo de la cumbre es analizar el marco jurídico regulatorio vigente del periodo de la precampaña y campaña electoral con las organizaciones políticas que, conforme a la ley y sus estatutos, hayan definido precandidaturas o tengan aspirantes en el nivel presidencial (propios, no por alianzas), cuyo alcance es nacional.
«Para la Junta Central Electoral es de suma importancia analizar junto a los actores políticos el tema en cuestión y en aras de que podamos aunar esfuerzos durante el resto del período de la precampaña electoral y el de la campaña electoral, en apego al marco jurídico vigente y en respeto al derecho que le asiste a cada una de las organizaciones políticas y a quienes procuran ser elegibles», se lee en la convocatoria hecha por el presidente del organismo, Román Jáquez Liranzo.
JCE prohíbe campaña proselitista
Se recuerda que el pasado 10 de agosto, la Junta Central Electoral (JCE) prohibió a los partidos, movimientos y organizaciones políticas hacer proselitismo fuera del periodo de campaña establecido, advirtió que podrían ser sancionados y otorgó un plazo de 15 días para que retiren de las calles las vallas y afiches de campaña de sus precandidatos.
Especificó que a los partidos y candidatos que no cumplen se les retendrán los fondos públicos que reciben del Estado establecidos por ley.
Explicó que las medidas dispuestas están amparadas en la facultad regulatoria y sancionadora que dispone bajo el amparo de las leyes 20-23 y 33-18 sobre partidos, agrupaciones y movimientos políticos en República Dominicana.
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