Gracias a reportajes de los periodistas Doris Pantaleón y Manuel Pérez Bello, así como declaraciones del director del Servicio Nacional de Salud, Dr. Mario Lama, podemos captar el impacto económico y social de las parturientas haitianas que es una de las tantas cargas que genera a esta economía la inmigración masiva de los nacionales del país limítrofe.

En el municipio de Guayubín, de la provincia de Monte Cristi, la reseña del periodista Manuel Pérez Bello informó que en el hospital público nueve de cada diez parturientas son haitianas, provocando graves dificultades a ese centro sanitario que recibe una asignación presupuestaria en función de los habitantes del municipio, llegando a un nivel de precariedad con un “quirófano y laboratorio mal equipados, la incubadora está averiada y no hay banco de sangre, lo que hace imposible hacer una transfusión”.

De acuerdo a declaraciones del Dr. Mario Lama, director del Servicio Nacional de Salud, 30,332 haitianas en el año 2020 realizaron su labor de parto en los hospitales de la red pública, lo cual equivale al 27% de todos los nacimientos, pero explicó el director que ese porcentaje se eleva a 61 en algunas regiones y en algunos casos, como Guayubín representan el 90%.

En 2010 se atendieron 11,350 partos de haitianas, prácticamente se ha triplicado el número en diez años. El Dr. Lama estima de forma conservadora que estos partos consumen entre el 8 y el 16% de la inversión del presupuesto destinado a los centros de salud.

Aparte del costo de los partos de extranjeras ilegales, que pagamos los contribuyentes con nuestros impuestos, estos distorsionan el número de muertes materno-infantiles del país, ya que las haitianas llegan a los recintos hospitalarios a última hora, muchas están desnutridas, anémicas y presentando otros cuadros médicos graves, por ejemplo el director del hospital José Francisco Peña Gómez, de Mao, provincia Valverde, señaló que de 90 a 95% de las complicaciones son en las pacientes extranjeras.

El Gobierno dominicano firmó acuerdos con el Gobierno haitiano y uno de los puntos es gestionar que una serie de países construyan varios hospitales del lado haitiano para reducir los partos en el país. Sin embargo aunque el presidente Luis Abinador y el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, se han reunido con embajadores de varios países no está del todo claro que a la comunidad internacional le interesen los problemas de Haití.

Países como Estados Unidos, Canadá y Francia, para citar algunos, hace tiempo se desentendieron de los problemas de esa nación y sencillamente le han dejado a la República Dominicana el grave problema migratorio.

En lo que se construyen los hospitales, cosa que dudamos, el gobierno puede disminuir el número de parturientas haitianas, desarticulando la red mafiosa que las cruzan y las llevan a los hospitales; simplemente es detener los traficantes en los parqueos de los centros materno-infantiles y someterlos a la justicia o mejor todavía detenerlos en la frontera.

El país no puede darse el lujo de que los presupuestos de salud y educación sean consumidos por inmigrantes ilegales cuyo número probablemente supere el millón o quizás más y que representa, de continuar esa invasión pacifica, una bomba de tiempo social y económica, e incluso no es descartable en pocos años se produzcan conflictos violentos entre dominicanos y haitianos, como ha ocurrido en otros países donde conviven dos etnias diferentes.