Las elecciones primarias en el país tuvieron su origen en la llamada “Fórmula Ovalles”, impulsada por Peña Gómez que incorporó la participación de 13 miembros de los Comités de Base del PRD, sin importar el número de sus integrantes, para garantizar la voluntad democrática de sus miembros en la selección de los candidatos a todos los niveles. Luego otros partidos lo ensayaron con suerte varia.
Los efectos divisionistas de las convenciones organizadas por los propios partidos llevaron al Consejo Nacional de Reforma del Estado (CONARE) dirigido por mí a impulsar una ley de Elecciones Primarias Universales y Simultáneas, arbitradas por la Junta Central Electoral (JCE), para evitar la inminente desaparición de los partidos mayoritarios, reservando las convenciones para los minoritarios, con menos recursos humanos y económicos para que hicieran convenciones, pero bajo la supervisión de la JCE.
Por esa iniciativa se aprobó la Ley 286-04 al final del período de gobierno de Hipólito Mejía. Sin embargo, en mayo del 2004 el PLD los dos líderes emergentes de ese partido: Leonel Fernández y Danilo Medina, el primero porque había acompañado a Juan Bosch en las elecciones del 1994 y lo sustituyó como candidato a la Presidencia, en 1996 por la incapacidad manifiesta de éste; y de Danilo Medina, verdadero armador de la maquinaria de esa agrupación política y candidato derrotado en las elecciones del 2000, que sometían las decisiones las candidaturas principales a un Comité Político de poco más de 30 miembros el reparto de las candidaturas principales, de manera que ese ambiente sirvió para que anularan esa conquista.
El Dr. Julio César Castaños Guzmán sometió a la Suprema Corte de Justicia un recurso de inconstitucionalidad a través de su Fundación, alegando entre otros argumentos que los partidos son asociaciones privadas y que la JCE no estaba facultada para hacer tales trabajos.
Sobre la declaración de Inconstitucionalidad por la Suprema Corte de la Ley 286-04, escribí en su momento lo siguiente:
“La reciente Sentencia de la Suprema Corte de Justicia declarando la Inconstitucionalidad de la Ley 286-04 sobre Elecciones Primarias, constituye un duro golpe para el avance hacia la democracia participativa y el afianzamiento de la institucionalidad en la República.

Fue una decisión producto de presiones que provinieron del entorno del Presidente de la República y de grupos atrasados de las élites dominicanas, o que se dejaron arrastrar por la marea de antiperredeismo, que generaron la crisis económica precipitada por quiebras bancarias, el intento de reelección de Hipólito Mejía y la derrota electoral de mayo del 2004, llevados por el error de que ese partido sería el exclusivo beneficiario de ese cambio institucional y no todo el sistema de partidos y la democracia en general.

Dicha pieza legislativa estuvo dirigida precisamente, a preservar el sistema de partidos en la República Dominicana, otorgándole la transparencia democrática que requieren para que éste no naufrague, tal como amenaza suceder en éste y otros países del Continente”.

En un encuentro posterior, Castaños Guzmán me reconoció que había estado errado en su juicio sobre las primarias…