Pasemos del dicho al hecho

Algo que ha dado brega en este país es hacer respetar  las reglas claramente establecidas y aprobadas por la sociedad. En estos días ha habido que gastar palabras y espacio en los medios de comunicación para dejar en claro que, según manda la ley, en ningún caso los afiliados al Sistema Nacional de Seguridad Social tienen que pagar anticipos a la hora de recibir servicios médicos y que, del mismo modo, la diferencia a pagar una vez dado de alta no debe exceder el equivalente de dos veces el salario mínimo, es decir, RD$11,270. No tiene explicación lógica que existiendo este mandato de ley, a la mayoría de los pacientes se les cobre anticipo por internamiento y diferencias de hasta RD$400,000 al momento de ser dados de alta.

Si todo esto ha estado sucediendo y si hemos dado tantos traspiés para hacer valer el Seguro Familiar de Salud (SFS), debe ser porque se han impuesto los intereses pecuniarios sobre  el espíritu de beneficencia social que debe adornar este instrumento. Más que quejas, los pacientes deberían tener instancias específicas ante las cuales radicar denuncias y querellas formales, de las que puedan derivar sanciones civiles o penales, según la gravedad del caso, por cobros indebidos  de anticipo, excedentes o por medicamentos y procedimientos que estén expresamente cubiertos  en el SFS. Hay que  pasar del dicho al hecho.

Hay que poner orden en la casa
Cada día es mayor el número de extranjeros que  trabajan en territorio dominicano. Una proporción importante, quizás la mayor parte de esa mano de obra, está compuesta por inmigrantes ilegales. A los haitianos, que son los más, se suman personas de otras nacionalidades que han venido a parar al país por medios diversos, incluyendo mafias que trafican con ilegales.

Es necesario que empecemos a poner orden en la casa. La contratación de extranjeros indocumentados  está prohibida por leyes cuya aplicación se ha relajado. Generalmente la mano de obra extranjera ilegal desplaza a la dominicana porque acepta condiciones de remuneración más bajas y condiciones de trabajo menos consideradas que los dominicanos. La contratación de indocumentados está devaluando la remuneración del trabajo, en perjuicio de la mano de obra local. Las autoridades correspondientes deben empezar a poner orden  en la casa.