Si hay algo que los dominicanos hemos perdido con el tiempo es la capacidad de asombro, de indignación, de rebeldía. Hoy todo lo aceptamos con pasmosa y vergonzosa calma.
Sólo así se explica que nos hayamos enterado que un grupo de “ilustres” congresistas legislaron para su propio beneficio y, más allá del juego de palabras, se aumentaron significativamente las pensiones.
Esos congresistas viven en el mismo país en el que médicos, maestros, policías y la gran mayoría de empleados públicos y privados se pasa la vida trabajando y al final retrasa su retiro porque lo que le corresponde por pensión no le alcanza ni para comer y mucho menos para vivir dignamente.
¿Cómo alcanzarle si es que solo el 5% de los trabajadores gana salarios sobre los RD$40,000. Entretanto, un 80% obtiene ingresos por debajo de los RD$20,000 y el 50% inferiores a los RD$9,000 mensuales? Esto de acuerdo a un estudio publicado por la Fundación Juan Bosch, en conjunto con la Fundación chilena Sol, sobre los trabajadores dominicanos.
Pese a esta realidad, de manera rauda y veloz, los legisladores se aumentan las pensiones y esto se suma a una serie de privilegios irritantes como: salarios lujosos, pagos de dietas y gastos de representación, exoneraciones para compras de vehículos de lujo, etcétera, etcétera.
Definitivamente hay que cuestionar la actitud de los legisladores, quienes han olvidado, como siempre, su rol de representar al pueblo y a sus intereses y en esta ocasión, como en tantas otras, están legislando para su propio beneficio.
Pero también tenemos que cuestionarnos como ciudadanos, porque vemos estas cosas y nos basta con desahogarnos en las redes sociales, pero que acostumbrados a estas limitaciones democráticas, nos conformamos con “participar”, “incidir” y “decidir” cada cuatro años en las urnas donde, de todos modos, terminamos eligiendo y reeligiendo a calañas como éstas.
También hay que cuestionar el sistema político-electoral, que vende la idea de que hay democracia y participación popular, tildando de paranoicos a quienes nos atrevemos a cuestionarla, pero que ante injusticias como estas no les da al pueblo la oportunidad ni el poder de actuar para impedirlo.
El Estado no ha de existir para legitimar la cultura de la precariedad o la pobreza. Pero el progreso y el bienestar deben ser para todos, no solo para el grupito que constituyen los legisladores.
Y si nuestros impuestos van a usarse para aumentar pensiones de servidores públicos, iniciemos con los maestros, con los médicos y con aquellos servidores públicos que de verdad brinden un servicio y no se atrevan a firmar contratos sin ni siquiera leerlos, pese a que ese es su trabajo más elemental.