La entrega de informes financieros de los precandidatos presidenciales a la Junta Central Electoral es un importante paso de avance en la búsqueda de un sistema electoral y partidario transparente. No importa que esta primera jornada haya sido imperfecta, debemos ver con miradas positivas y esperanzadoras que avanzamos, que tenemos metas y que queremos llegar a ellas.
La transparencia no es común en la República Dominicana. Ni en la vida pública ni en la vida privada. Nos gusta más la opacidad. Nuestra legislación, por ejemplo, es pobre en demandar de forma categórica y obligatoria que los funcionarios rindan cuentas de sus acciones a la población, a los ciudadanos. Incluso, es casi un lugar común en el país que los funcionarios actúen frente a sus agencias como si fueran propiedad personal y no establecimientos públicos que se deben a los contribuyentes. En la experiencia pública dominicana de los últimos años podría afirmarse que ha habido un retroceso. Veamos el Presupuesto Nacional. A pesar de que ahora está contenido en más de un libro, el mismo registra menos informaciones puntuales, con nombres y apellidos, que en los gobiernos del doctor Joaquín Balaguer. La publicación de la ejecución mensual desapareció de los diarios nacionales y los pormenores del Presupuesto ejecutado carecen de las precisiones y detalles desagregados que tenía en otras épocas. Y no es que ahora se hace por vía digital, a través de portales. No, no, no se trata del medio, se trata del contenido pormenorizado que permite al ciudadano dar un seguimiento más inteligente y preciso del uso de los fondos públicos. Y las memorias que se depositan en el Congreso cada año suelen ser pobres en pormenores. Tampoco acostumbran nuestros funcionarios a ir al Congreso Nacional periódicamente, por ejemplo, a detallar sus políticas, sus acciones y sus decisiones y a responder las inquietudes ciudadanas canalizadas por medio de los legisladores. Justo es decir que tampoco la ley los obliga a hacerlo.
Nuestra democracia necesita, pues, avanzar en claridad, en trasparencia, en actuaciones a la luz del día. El funcionario público tiene que aprender a rendir cuentas, a dar explicaciones de sus decisiones, a responder preguntas sobre sus actos, porque él es un servidor público que se debe a los ciudadanos. Pero mientras ese momento llega, ya nuestros precandidatos presidenciales comenzaron a rendir cuentas de sus ingresos y sus gastos. ¡Un avance!