La pastora Rossy Guzmán, imputada en el caso de presunta corrupción administrativa, denominado Coral, aseguró este martes que está confiada en la justicia, y que saldrá absuelta de los señalamientos que hace el Ministerio Público en su contra.

«Dios está en control desde el principio», aseveró Guzmán. Hace varios días, el Ministerio Público presentó a otros cinco testigos en el juicio que se sigue contra los acusados en el entramado de corrupción que estafó al Estado con más de RD$4,500 millones, utilizando empresas vinculadas a los principales imputados para obtener contratos fraudulentos con el Estado

En calidad de testigo, Girón detalló que la estructura recolectaba entre seis y ocho millones de pesos mensuales de las nóminas de Cestur y CUSEP, cantidad que se duplicaba en diciembre. Estas sumas eran recolectadas por figuras clave como el coronel Jeudis Vladimir Guzmán y el mayor Pedro Castillo Nolasco, quienes actuaban como «cabezas recolectoras», y luego entregadas al coronel Rafael Núñez de Aza en su residencia en Colinas del Oeste.

Girón también relató que parte de estos fondos ilícitos se destinaban a la compra de propiedades y vehículos de lujo. El coronel Jeudis Vladimir Guzmán adquirió una casa en el residencial Don Oscar y un vehículo Ford Explorer modelo 2015, pagos realizados con dinero proveniente de CESTUR y POLITUR. Según las declaraciones, la casa fue saldada con pagos mensuales de entre 72,000 y 200,000 pesos, recolectados mediante este esquema corrupto, mientras que el vehículo fue igualmente cubierto con fondos ilícitos. Girón agregó que Jeudis no quería que el entonces director de CESTUR, el general de brigada Juan Carlos Torres Robiou, conociera sobre esta compra.

Asimismo, Girón mencionó que Esmeralda Ortega Polanco, funcionaria del Banco de Reservas, recibía pagos en efectivo de aproximadamente 30,000 pesos, sin concepto claro, entregados en su oficina o mediante depósitos a nombre de su esposo, Manuel Calderón.

De acuerdo con las declaraciones de Girón, la red de recolección ilícita de fondos operaba desde 2015 en CESTUR y CUSEP, involucrando a oficiales de alto rango y personal administrativo. Los empleados de CESTUR, cuyos sueldos oscilaban entre 25,000 y 70,000 pesos, debían devolver gran parte de sus salarios a la red, quedándose solo con 2,000 o 5,000 pesos.

Según el testimonio, el general de brigada Juan Carlos Torres Robiou, exdirector de CESTUR, y el coronel Rafael Núñez de Aza encabezaban la operación. Ambos determinaban los presupuestos y las órdenes de recolección, ejecutadas por el mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez, encargado de la nómina de CESTUR.

Girón también relató cómo, a través de instrucciones recibidas vía WhatsApp, organizaban los movimientos financieros ilícitos, llegando a recolectar entre 900 mil y 1.2 millones de pesos mensuales.

Vicente Girón Jiménez, quien entregó voluntariamente al Ministerio Público, el 25 de abril de 2021, una serie de elementos probatorios, tales como una caja fuerte que contenía títulos de propiedad de varios apartamentos ubicados en Santo Domingo Este y el Distrito Nacional, los cuales habrían sido adquiridos con fondos provenientes de las operaciones ilícitas de CESTUR y CUSEP.

Además de los títulos, Girón Jiménez entregó dos discos duros con información confidencial, certificados bancarios de diversas entidades financieras, dos celulares, dos pasaportes de su hermano, así como llaves de varios vehículos, específicamente de una Ford Explorer 2016, una Jeep, una camioneta Kia, entre otros. Todos registrados a nombre de Raúl Alejandro Girón Jiménez y su esposa.

Durante el interrogatorio, realizado por el fiscal Miguel Collado, adscrito a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) fueron incorporadas las pruebas documentales y materiales ante las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.