San Cristóbal.- Un pastor evangélico y presidente de Junta de Vecinos solicitó al presidente Danilo Medina y al ministro de Medio Ambiente, Bautista Rojas Gómez, impedir la construcción de una estación para la venta de combustibles que se pretende instalar en el kilómetro dos, de la carretera Sánchez en el sector Canastica.

El religioso de la iglesia “Roca de Salvación” y presidente de la junta de vecinos Nueva Esperanza, Alipio Figuereo Feliz, del barrio del mismo nombre, indicó que esa gasolinera provocará daños irreversibles al medio ambiente, a la flora y la fauna, al acueducto que abastece de agua al referido sector y a San Cristóbal.

“El agua que consumimos en esta zona podría ser contaminada con plomo, produciendo muchas enfermedades catastróficas”, lamentó.

En ese sentido, Figuereo Feliz pidió al presidente Medina que intervenga para impedir que la obra sea ejecutada por el señor Manuel de Regla Santana Mejía, quien solicitó al Ministerio de Medio Ambiente un permiso de edificación y operación con el código 9320 en fecha 26 de marzo del 2013.  

Explicó que en ese lugar nacen tres importantes cañadas cuyas aguas van a igual número de localidades que serían afectadas y agregó que “si continúan extrayendo material indiscriminadamente de esa montaña el daño que se ocasionará sería catastrófico para el medio ambiente, y esto no puede ser permitido por las autoridades”, puntualizó.

El dirigente comunitario recordó que a 200 metros existe una bomba de agua que impulsa el líquido al tanque de almacenamiento que tiene capacidad de 1 millón 600 mil galones que abastece a más de 500 mil personas en zonas rurales y al municipio de San Cristóbal. Reveló que el acueducto costó al Estado 600 millones de pesos.

Recordó que en el año 2010, quien fuera ministro de Medio Ambiente, doctor Jaime David Fernández Mirabal, declaró esa zona “área protegida” por lo que la comunidad se mantendrá vigilante para que no se permita ninguna construcción que vaya en perjuicio de los recursos naturales y de la localidad.  

Figuereo Feliz solicitó a las autoridades aclarar el estado de legalidad de los permisos correspondientes que posee el propietario de obra, ya que según sus informaciones, caducaron hace varios años.